José Darío Arredondo López
“La seguridad del pueblo será la ley suprema” (Marco Tulio Cicerón).
El año terminó con una serie de tronidos de cohetes y las correspondientes mentadas de progenitora de quienes se vieron afectados directa o indirectamente por esta exhibición de estupidez pirotécnica.
Los reportes de mascotas perdidas, incluso muertas, inundaron los medios tradicionales y electrónicos y fueron, una vez más, desatendidos por las autoridades que siempre vigilan, bueno, al menos la salida de los restaurantes y otros negocios donde se expenden bebidas de alto o bajo contenido alcohólico, porque, como usted sabe, la policía está para “proteger y servir”.
Los gatos y perros perdidos, heridos o de plano muertos se abonan en la cuenta de los tiradores de cohetes que celebran la navidad o el fin e inicio de año con un ritual que debiera ubicarse en las películas de Hollywood donde la chica güera le daba el sí al galán, en medio de las luces y estruendo del ambiente, encaramados en la azotea de un edificio, o en la plaza Times Square.
Pero, si el estallido de luz y los tronidos de los cohetes sugiere la celebración de algo, la realidad revela que tanto mascotas como seres humanos, por ejemplo, autistas, enfermos de los nervios, o de cualquier padecimiento que requiera tranquilidad, sufren severos daños fisicos y emocionales, de suerte que la diversión de unos resulta en el daño de otros.
Son recurrentes los reportes de niños y jóvenes que sufren de alguna amputación en las manos, sea por pérdida de varios dedos, o todos, con lo que la celebración o el juego terminan siendo la discapacidad con la que tendrán que cargar el resto de sus vidas.
El colmo de la mentalidad vacuna es cuando quienes tienen el complejo del llanero solitario, sueltan balazos desde la azotea o el patio de su casa para que la ley de gravedad se encargue de hacer que el proyectil celebratorio se convierta en el fin de una vida inocente o el trauma con el que navegará su víctima accidental.
Da pena ajena que en estos tiempos que corren, donde la bandera de los derechos humanos ondea hasta deshilacharse por tanta inclusión y democracia, persistan costumbres que claramente afectan tanto el espacio de otros como su tranquilidad.
Si en efecto nos anima como sociedad el afán de ser solidarios, incluyentes y tolerantes, ¿de qué forma se puede conciliar una mala costumbre con el derecho a la tranquilidad de personas y animales? En este punto debemos pensar en la educación, la civilidad y la ley.
La educación y los principios de la civilidad se reciben inicialmente en casa, en el seno familiar, se pulen y reafirman en la escuela, el trabajo, en el trato con los demás.
Las leyes y convenciones sociales pueden ampliar las habilidades comunicativas y permiten asimilarnos a los valores, costumbres y tradiciones de la comunidad, lo que no quiere decir que estemos exentos de responsabilidad individual, toda vez que la propia educación y valores familiares y personales marca una ruta que integra tanto a la razón como la emoción y reconoce la posición del individuo en el contexto social en el que se desenvuelve.
En este sentido, dejarse llevar por una costumbre, tradición o ritual de Navidad o fin de año, sin considerar el contexto, las disposiciones legales vigentes, las advertencias y recomendaciones de la autoridad, es decir, sin autocrítica, sin una valoración social, sin consideración hacia los demás, resunta no sólo primitivo, pueril y torpe, sino antisocial y francamente imbécil.
En otro asunto, ya es tiempo que las UMA dejen de ser la base para el pago de las pensiones, originalmente fijadas en salarios mínimos, que es lo que les corresponde a los trabajadores por ley, y que se eche al basurero la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida en 2016 (con Peña Nieto), en la que establece que las alusiones a salarios mínimos en la Ley del ISR, deben entenderse como en UMA.
Esto, además de absurdo, es un abuso contra los trabajadores jubilados que se ha mantenido hasta la fecha, gracias a la composición elitista de la Corte y su inclinación hacia la parte patronal en perjuicio de la clase trabajadora, ya que con ese criterio cualquier aumento en las pensiones se nulifica y revierte contra el trabajador.
Esto se ve más claro cuando vemos que la ley del ISR considera exentas las pensiones que no rebasen los 15 salarios mínimos, pero entendidos como UMA, resulta que cualquier aumento puede eventualmente convertir al jubilado en un deudor fiscal.
Sigo pensando que las pensiones deben estar libres de todo gravamen, tal como lo establece el artículo 66 de la Ley 38 del ISSSTESON vigente, porque para eso el trabajador aportó durante su vida laboral y el Estado debe proteger y sostener la seguridad social como mecanismo redistributivo del ingreso y de elemental justicia social.
Es claro que el actual gobierno no ha podido abordar la situación de las UMA frente al obstáculo de un Poder Judicial sin sentido social, como tampoco rescatar los fondos pensionarios privatizados por los gobiernos neoliberales en forma de Afores, ni garantizar que los aumentos a las pensiones no se verán disminuidos en la práctica por el criterio de entender por UMA lo que debe ser salario mínimo en pensiones.
Esperemos que el próximo gobierno enderece los renglones torcidos de la herencia neoliberal, en bien de la clase trabajadora y que, a reserva de mejorar, se respete el pago legal en salarios mínimos.
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