Hermosillo, Sonora a 14 de noviembre de 2025.- El arranque del análisis del Paquete Económico 2026 en el Congreso de Sonora marca un momento clave para el cierre de la actual administración estatal. Con un monto total de 92 mil 571 millones de pesos, el proyecto presupuestal entregado por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y el secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero, a la Mesa Directiva del Congreso —encabezada por la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia— se presenta como el más ambicioso en términos sociales en la historia reciente de la entidad. Sin embargo, más allá de las cifras, lo relevante será evaluar si esta propuesta es capaz de responder a los desafíos estructurales que enfrenta Sonora.
Desde la óptica política, el acto de entrega se desarrolló con un marcado énfasis en la unidad institucional: acudieron coordinadores de los distintos grupos parlamentarios y estuvieron presentes las presidentas de la Mesa Directiva y de la Comisión de Hacienda. El mensaje implícito es claro: el Gobierno estatal busca blindar el debate presupuestal bajo una narrativa de consenso y responsabilidad compartida. No obstante, el verdadero pulso político se medirá en las próximas semanas, cuando las y los legisladores comiencen el análisis detallado de cada rubro.
En cuanto al contenido, el Gobierno de Sonora apuesta por un presupuesto social sin precedentes, orientado a fortalecer infraestructura, ampliar programas para sectores vulnerables y atender urgencias históricas como el acceso al agua. Estas prioridades no son casualidad: responden a un contexto nacional que exige a los estados mostrar capacidad de gestión y resultados tangibles en desarrollo social, especialmente en el marco de la continuidad de la llamada “transformación”. El secretario Salazar enfatizó la responsabilidad detrás del proceso de elaboración, mientras que Hernández Cordero subrayó que el objetivo central es “consolidar los avances” logrados durante más de cuatro años.
Pero, ¿qué tan realista es este planteamiento? El reto no solo está en proyectar un gasto social elevado, sino en garantizar su ejecución eficiente. La apuesta por infraestructura —catalogada como la más importante en la historia del estado— implica riesgos tanto financieros como de gestión. La experiencia demuestra que los megaproyectos suelen enfrentar sobrecostos, retrasos o limitaciones técnicas; por ello, será fundamental que el Congreso examine con lupa los mecanismos de financiamiento y los parámetros de supervisión incluidos en el Paquete.
Asimismo, la insistencia en mantener finanzas públicas sanas hacia el cierre de la administración es un llamado a la prudencia política. Con un escenario económico nacional marcado por presiones inflacionarias y una dinámica federal de reasignación de recursos, mantener el equilibrio fiscal en los estados se vuelve una tarea cada vez más compleja. Si bien el discurso oficial destaca estabilidad y responsabilidad, el análisis legislativo deberá comprobar que las proyecciones de ingresos estén alineadas con los comportamientos reales de la economía estatal.
La diputada Espinoza Tapia adelantó que el documento será objeto de un “análisis exhaustivo”, una afirmación que, más allá de la formalidad, representa una exigencia ciudadana: el presupuesto define prioridades, pero también revela ausencias. El reto para la 64 Legislatura será garantizar que el Paquete Económico 2026 no solo refleje las intenciones del Ejecutivo, sino también las necesidades regionales, la transparencia en el ejercicio del gasto y la construcción de un consenso político que no sacrifique el debate técnico por la inercia partidista.
En los próximos días, el Paquete Económico dejará de ser un documento protocolario para convertirse en territorio de discusión política, técnica y social. Lo que está en juego no es únicamente el último presupuesto de una administración, sino el rumbo que tomará Sonora en materia de inversión, bienestar y responsabilidad financiera. La cuartilla presupuestal está sobre la mesa; ahora corresponde al Congreso escribir el resto de la historia.
Revocación de mandato: el debate que Sheinbaum devuelve a los estados
La presidenta Claudia Sheinbaum reavivó uno de los debates más sensibles en el terreno político nacional: la revocación de mandato de gobernadores. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue clara y prudente al mismo tiempo: la figura puede existir, sí, pero su implementación no será un mandato federal, sino una decisión estrictamente local. Con ello, Sheinbaum no solo evita tensiones con los ejecutivos estatales, sino que también coloca la responsabilidad política en los Congresos de cada entidad.
El mensaje es estratégico. Al afirmar que el gobierno federal solo define los mecanismos para la revocación del presidente —y no de los gobernadores—, Sheinbaum reconoce los límites constitucionales, pero también envía un recordatorio sobre la soberanía estatal. En un país donde las protestas contra mandatarios locales han ganado visibilidad, la exigencia ciudadana por mecanismos de control democrático crece, y la presidenta parece dispuesta a permitir el debate… siempre y cuando no le estalle en sus manos.
La referencia a Oaxaca y a Hidalgo, cuyos gobernadores ya han puesto el tema sobre la mesa, abre una puerta relevante: algunos estados ya están midiendo el costo político y el beneficio electoral de impulsar este mecanismo. Sin embargo, la decisión no será sencilla. Entre intereses partidistas, cálculos de gobernabilidad y resistencias internas, cada Congreso deberá definir si responde a las presiones sociales o si opta por mantener el statu quo.
En el fondo, la postura de Sheinbaum es un recordatorio del nuevo equilibrio de poder. La presidenta respeta la autonomía estatal, pero también deja claro que la legitimidad gubernamental debe revisarse periódicamente, incluso en los niveles locales. El balón está ya en la cancha de los Congresos: ¿escucharán a la ciudadanía o seguirán privilegiando la estabilidad política por encima de la rendición de cuentas?
