La presidente de la Suprema Corte Norma Lucía Piña, ordenó una investigación contra 61 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial Federal, incluidos varios jueces, magistrados y un ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Arturo Zaldívar, hoy asesor jurídico de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Según pudo conocer LPO, a partir del acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal J/108/2024, fechado el pasado 9 de abril, la titular de la Corte ordena las pesquisas contra sus colegas.
La orden de investigación contra decenas de funcionarios, de la cual LPO tiene copia, se basa en un “escrito presentado de manera anónima”. Fuentes del Poder Judicial Federal y académicos consultados dijeron a esta redacción que es la primera vez en la historia de la SCJN, que se abre una investigación por una denuncia anónima, o sea, un documento sin nombre, sin firma y sin evidencias.
Pero de manera directa fue Piña quien ordenó se involucrase la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas. Una oficina que depende directamente de ella.
Otro tema que llama la atención es que la denuncia anónima, contra los funcionarios, se presentó apenas un día antes, el 8 de abril, así la presidenta Piña recibió denuncia, armó el expediente y ordenó una investigación en menos de 24 horas y sin evidencia alguna. Algo fuera de toda norma. Tan no se cuenta con evidencia contra los señalados que el Acuerdo ordena “el inicio de una investigación y se otorga a la Unidad de Investigaciones las más amplias facultades a efecto de que se recaben medios probatorios.”
¿Qué se investigará?
Se investigará principalmente fallos judiciales a favor de la 4T: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los permisos para el aeropuerto en Santa Lucia-AIFA, las autorizaciones para el Tren Maya y la prisión otorgada a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Aunque también hay asuntos de particulares, como fallos en materia de Telecomunicaciones (América Móvil), litigios en los que estuvo involucrado el consorcio de comunicación, El Heraldo Media Group y hasta lo acontecido con el equipo de futbol capitalino Cruz Azul.
¿Contra quienes va la Presidenta de la SCJN?
Principalmente se enfoca contra su antecesor y rival ideológico, Arturo Zaldívar, pero también señala a Carlos A. Alpizar, hoy Subsecretario de la Secretaría de Gobernación; Netzaí Sandoval, ex titular de la defensoría publica y hermano de la ex secretaria de la Función Pública, Irma E. Sandoval y decenas de jueces y magistrados que habrían fallado a favor de la 4T, como lo son Felipe Delgadillo, Ivan Zeferín Hernández, Juez José Zuñiga, Juez Adrian Novelo y los magistrados Fernando Córdova, Elba Sánchez Pozos y Juan Pablo Gómez Fierro.
¿Qué hay detrás de la “cacería de brujas”?
Lanzar una investigación, contra tantas personas, a raíz de una denuncia anónima es sinónimo de una “cacería de brujas”, explicó a esta redacción Manuel Barquín, ex Consejero de la Judicatura Federal.
Fuentes consultadas nos señalan que hay gran molestía en la SCJN por las disminuciones presupuestales que les han hecho las bancadas de Morena en el Congreso, incluso perdiendo la prerrogativa postal y telegrifica y sus pensiones, todo ello valuado en 20 mil millones de pesos.
La iniciativa que presentó la semana pasada el senador Ricardo Monreal, y que se aprobó ayer en Comisiones del Senado, para restringir las suspensiones en materia de amparo – algo que le quita poder a Jueces y Ministros- fue la gota que derramó el vaso, con lo que desde la SCJN le han declarado la guerra a todas las obras insignias de la 4T y a todos los funcionarios que fallaron a favor de ellas. Esto es algo nunca antes visto en México, señaló el exconsejero Barquín, “es el inicio de una guerra frontal entre Poderes de la Unión”.
Fuentes consultadas por LPO apuntan que detrás de esta operación, estarían involucrados Juan Pardinas, jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez y el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova. Ambos muy cercanos a la presidenta Piña.
