Sin socialización y previo análisis, pasan de urgente una nueva ley de seguridad y modificaciones a la Ley de Transporte.
Hermosillo, Sonora a 09 de diciembre de 2025. La diputada Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano, votó este martes en el Pleno en contra de tres dictámenes clave: la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, las modificaciones a la Ley del Transporte y la creación de nuevos cobros por el uso y la compra-venta de sustancias químicas relacionadas con explosivos utilizados en la agricultura.
Señaló a la mayoría parlamentaria de Morena y aliados por violentar sistemáticamente el proceso legislativo y actuar como un “gobierno autoritario”, debido a la falta de transparencia, la omisión del impacto presupuestario y la ausencia de consulta a los sectores afectados.
La diputada Gabriela Félix se pronunció en contra de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, un dictamen de 245 artículos y 24 transitorios que fue sometido a votación bajo la figura de urgente u obvia resolución. Denunció que el proyecto carece de dictamen de impacto presupuestario, no pasó por un proceso de socialización, violando directamente el principio de Parlamento Abierto, y ni siquiera fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
“Con esta no se la aventaron, se la volaron. De verdad, me disculpan, pero pareciera que les vale un sorbete Sonora”, afirmó en el Pleno.
Cuestionó además la justificación utilizada por la mayoría para acelerar su aprobación: la supuesta “armonización urgente” con la ley nacional, cuando existen otras leyes que llevan entre tres y cuatro años esperando armonización, como el Registro Estatal de Deudores Alimentarios o la Ley de Declaración de Ausencia, sin que la mayoría haya mostrado prisa alguna en atenderlas.
“Si no podemos cumplir ni defender nuestros propios procesos, díganme cómo van a defender a las y los sonorenses”, increpó.
Gabriela Félix rechazó la ley por proponer requisitos ambiguos para cargos de alta responsabilidad, como el Comisario General, permitiendo que personas condenadas por delitos graves, aunque no estén vinculados a su función, puedan ocupar el puesto, lo cual contradice la Ley 3 de 3, que prohíbe que agresores sexuales, violentadores o deudores alimentarios accedan a cargos públicos. Además, señaló que el dictamen sigue utilizando el término “menores” en lugar de “niñas, niños y adolescentes”, una expresión ya superada en la legislación, pues no reconoce a las infancias como sujetos de derechos ni cumple con la terminología vigente para su adecuada protección.
La legisladora también votó en contra de las modificaciones a la Ley del Transporte al señalar que se presentaron “en bola” y sin la menor socialización. Explicó que estas reformas buscan extender a todo el estado el modelo de cobro por kilometraje, pese a que en Hermosillo ya demostró ser insostenible: mientras la ciudad recaudó 218 millones de pesos, el Estado terminó pagando 969 millones a una sola empresa. Señaló que este esquema incluso obliga a unidades a circular sin pasaje únicamente para cumplir con la cuota, dañando las finanzas públicas y sin un plan que realmente beneficie a las y los usuarios.
También advirtió que estas modificaciones abren la puerta a desplazar a los concesionarios y favorecer a nuevas empresas privadas. Recordó que cuando el transporte lo operaban concesionarios, ellos absorbían costos sin subsidio, mientras que ahora el Estado subsidia directamente a una empresa. Como ejemplo del apresuramiento, mencionó que la ley propone nuevas placas para el transporte público que ni siquiera aparecen en el diseño oficial de las placas vehiculares recién emitidas. Señaló que aprobar algo así sin consultar a concesionarios y usuarios, y sin explicar el impacto real, vuelve a violar el proceso legislativo. “La diferencia entre la democracia y el autoritarismo es el respeto a las reglas”, remató.
En cuanto al tercer dictamen, la diputada también se opuso a la creación de nuevos cobros por el uso y la compra-venta de sustancias químicas relacionadas con explosivos utilizados en la agricultura. Explicó que la propuesta no contiene la justificación técnica ni económica que exige la ley: no hay cifras, proyecciones, impacto para los productores ni argumentos claros sobre el interés público.
Subrayó que este dictamen llega justo después del polémico permiso para la fabricación de armas en Sonora, aprobado semanas atrás, lo que vuelve aún más cuestionable que ahora se pretenda imponer nuevos cobros sin explicar su relación, sus alcances o su propósito. Señaló que, si realmente se busca regular estas sustancias, el Congreso no puede hacerlo sin datos, sin estudios y sin consultar a quienes serían los directamente afectados: los agricultores.
“No puede ser que en nombre de homologar leyes generales, estén metiendo cobros al sector agrícola a esta velocidad: sin metas, sin beneficios y sin información”.
Gabriela Félix cerró su intervención advirtiendo que la diferencia entre democracia y autoritarismo está en el respeto a las reglas y a los procesos, y que la mayoría parlamentaria ha decidido romper con ese principio fundamental.
