Hermosillo, Sonora a 29 de octubre de 2025 (OEM).- Que la impartición de justicia en Sonora sea igual para todos, es la solicitud que hicieron representantes de sindicatos en varios ayuntamientos, al señalar que en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado prevalece la parcialidad a favor de los municipios.
Decenas de inconformes acudieron frente al Palacio de Gobierno en Hermosillo, para expresar su inconformidad con el actuar de quienes integran esa instancia, al señalar que falta responsabilidad y criterio al emitir resoluciones que afectan a trabajadores sindicalizados y favorecen a las autoridades municipales.
Al respecto, el secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos, Martín Ríos Quintero, pidió la intervención del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, ante lo que calificó como irregularidades y falta de imparcialidad dentro del Tribunal.
“No consideramos que este tribunal esté dando una justicia real, venimos a hacerle un llamado al Gobernador para que intervenga y ponga orden”, expresó.
El líder de la organización sostuvo que cuentan con evidencia que respalda sus denuncias, al citar como ejemplo el caso de los trabajadores sindicalizados del municipio de Navojoa, donde, dijo, el tribunal ha actuado de manera facciosa y en contra de los derechos laborales.
Tan solo en esa localidad son alrededor de 84 familias que actualmente se encuentran en estado de indefensión, apuntó, quienes apenas obtienen el 30% de su salario, pese a estar amparados legalmente.
Criticó también la lentitud con la que se resuelven los casos, al indicar que mientras en otros organismos de conciliación laboral se emiten fallos en menos de un año, en el Tribunal de Justicia Administrativa los procesos pueden tardar cuatro o cinco años, y cuando finalmente hay resolución, son en contra de los trabajadores.
Agregó que esta situación no se limita a Navojoa, sino que también existen casos pendientes en municipios como Ímuris, donde los expedientes permanecen sin resolución o los fallos no se ejecutan, lo que, aseguró, constituye una violación sistemática a los derechos laborales.
