¿Dónde quedó el dinero? Auditoría Superior de la Federación reclama que 13 gobiernos estatales, tres universidades y la Autoridad Educativa Federal expliquen por qué erogaron salarios para personas que tenían tiempo fallecidas.
Ciudad de México a 25 de febrero de 2025.– Trece gobiernos estatales, tres universidades y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México hicieron pagos, con recursos de cuatro fondos federales, por 26 millones 362 mil 140.53 pesos a nombre de trabajadores de la educación que habían muerto, un probable daño a la hacienda pública que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les demanda comprobar o reintegrar los recursos.
El dinero empleado indebidamente en personas que fallecieron no sólo en 2023 –año fiscalizado–, sino en ejercicios anteriores, provino del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, así como de Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales.
En todos los casos, los auditores constataron que emitir pagos a nombres de estos trabajadores fue indebido, pues al momento en el que se cargaba su nombre a la nómina, tenía tiempo que habían fenecido. EMEEQUIS detectó estas inconsistencias tras la revisión de los informes individuales de cada fondo, incluidos en la tercera y última entrega de la cuenta pública 2023 que hizo la ASF el pasado 20 de febrero.
FONE, LA RECURRENCIA
Ocho gobiernos estatales incurrieron en un posible daño a la hacienda pública al transferir, sin justificación, recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a cientos de personas que, comprobó la ASF, habían muerto.
De acuerdo con la auditoría 1531, el Poder Ejecutivo estatal de Oaxaca no logró comprobar por qué hizo pagos que ascendieron a 8 millones 393 mil 429.84 pesos a 53 trabajados identificados por el propio sistema educativo como decesos en 2023 o ejercicios fiscales anteriores.
Originalmente, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ordenó pagos por 12 millones 8 mil 800 pesos a 281 trabajadores que ya habían muerto, pero logró acreditar la situación de 101, con devolución de recursos. La observación, en tanto, persiste por los 8.3 millones de pesos como supuesta remuneración para 53 personas que habían fallecido al momento en el que se hicieron las erogaciones a su nombre.
En la misma irregularidad incurrió el gobierno de Guerrero, el cual, según la auditoría 1087, tiene sin acreditar 357 pagos que sumaron 5 millones 349 mil 153.34 pesos a 72 trabajadores que estaban confirmados como muertos.
Inicialmente, por cuenta y orden de la Secretaría de Educación de Guerrero, se realizaron con recursos del FONE mil 142 pagos por 11 millones 656 mil 800 pesos a 219 trabajadores que ya habían fallecido. Durante la inspección, el ente estatal acreditó el reintegro por 4 millones 346 mil 402.98 pesos, que fue destinado a 147 extrabajadores. Con ello, se mantuvo la observación por los otros 357 fallecidos.
La carga en el erario por “remuneración” a personas que habían muerto también se dio en Jalisco, con tres pagos por 32 mil 669.51 pesos a nombre del mismo número de difuntos, y en Tabasco, donde 995 mil 634.89 pesos igualmente se “destinaron” a fallecidos, con base en las auditorías 1214 y 1918, respectivamente.
En el primer caso, había otros 486 pagos por 3 millones 961 mil 900 a 16 trabajadores identificados como decesos, pero el estado reintegró el dinero tras la intervención del ente fiscalizador.
De la misma forma, Guanajuato y Aguascalientes erogaron “salarios” para personas que habían muerto. El primero, 83 mil 300 pesos de la nómina federal y 63 mil 200 más en las nóminas estatales subsidiadas, mientras que el segundo tuvo órdenes de pago por 324 mil 428.88 pesos para nueve trabajadores identificados como decesos en ejercicios fiscales anteriores, lo cual consta en las auditoras 1008 y 438.
En dos casos más, los informes individuales tras la revisión al FONE muestran registros de pagos a fallecidos, pero se suman a otra irregularidad –remuneraciones a quienes ya habían sido dados de baja de los sistemas educativos–, sin que se precise el monto que corresponde a una y otra falla en el manejo de los recursos. Se trata de los gobiernos de los estados de Baja California y Chiapas.
En el primero, la auditoría 476 da cuenta de que un millón 170 mil 598.55 pesos es reclamado por pagos a 25 trabajadores después de la fecha en que causaron baja y a 33 identificados como decesos. En el segundo, son 3 millones 240 mil 206.54 pesos los que se reclaman (auditoría 593).
Inicialmente en Chiapas se habían detectado mil 405 pagos por 11 millones 96 mil pesos a 130 trabajadores muertos, así como 984, que sumaban 4 millones 650 mil 800 pesos, a 256 exempleados que ya no debían cobrar porque habían sido dados de baja de manera definitiva, los cuales contaron con 434 plazas.
No obstante, el dictamen refiere que para justificar ambas inconsistencias el sector educativo proporcionó cheques cancelados, consultas en el sistema de nómina y reintegros, con lo que hizo una comprobación parcial, pero quedaron vigentes los 3.2 millones de pesos, sin que especifique cuántos corresponden a una observación o a otra.
En total, del FONE son 19 millones 652 mil 621.55 pesos reclamados a estas ocho entidades.
En el manejo de las transferencias que recibieron como parte del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, seis gobiernos estatales también emitieron pagos por 3 millones 438 mil 293.05 a nombre de 248 personas fallecidas.
De nuevo Chiapas incurrió en la irregularidad, al cubrir 94 órdenes de pago, que en pesos son un millón 158 mil 887.18, para 24 trabajadores que habían muerto (auditoría 2271).
Igualmente, el Gobierno del Estado de Durango, con 209 pagos por un millón 175 mil 800 pesos a 190 empleados que se comprobó habían perecido; el de Guerrero, que usó 87 mil 976.11 pesos por hacer 18 pagos a cuatro trabajadores identificados como decesos, y el de Michoacán, con pagos improcedentes por 392 mil 583.90 pesos para 20 difuntos, tienen que justificar el porqué de estas cargas que no debieron hacerse. Los tres casos están expuestos en las auditorías 2276, 1095 y 1288, de manera respectiva.
Como ellos, las administraciones de Nayarit y Tabasco hicieron, en ese orden, pagos a nombre de nueve y un difuntos, por 361 mil 790.21 pesos y 261 mil 255.65 pesos, como especifican las auditorías 2286 y 2298. En el primer caso, originalmente eran 76 pagos a diez personas fallecidas, pero el gobierno justificó la procedencia de las percepciones por 173 mil 243.09 pesos para uno, sin que el dictamen de inspección precise más al respecto.
Otro millón 979 mil 722.85 pesos fue destinado en pagos a 55 difuntos, por tres instituciones educativas de institución superior, como parte de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales.
Se trata de las universidades autónomas de Baja California, con 326 mil 208.29 pesos para 36 fallecidos; la de Chiapas, con dos pagos por 26 mil 520.76 pesos, y la de Querétaro, con un millón 626 mil 993.80 pesos en 18 difuntos, observaciones presentes en las auditorías 487, 605 y 1700.
Por su parte, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México empleó un millón 291 mil 503.08 pesos de los recursos que recibió de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, en 358 pagos improcedentes a siete trabajadores identificados como decesos, recurso que debe acreditar o devolver a la Tesorería de la Federación. (Emeequis) @axelchl
