El periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) advirtió que bajo la política de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grupos criminales han crecido y controlan más territorio en México.
Además, señala que estos grupos ya no sólo manejan el narcotráfico y recrudecen la violencia, sino que se han expandido a la extorsión y hasta a los contratos públicos.
The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que destaca que los criminales, detrás de la epidemia del fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos, tienen libertad para asesinar a sus rivales, neutralizar a la policía, confiscar propiedades y obligar a los municipios a otorgarles puestos en las tesorerías.
El diario neoyorquino señaló que “los grupos delictivos afiliados a los dos cárteles más grandes de México han aumentado su influencia desde que López Obrador asumió el cargo”.
Publican que, de acuerdo con la agencia nacional de estadísticas, los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron de 21 mil 700 en 2018 a dos mil 800 en 2022.
Dicho relajamiento abrió la puerta a una expansión de las operaciones de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos.
Además, la caída en los precios de la cocaína y la marihuana ha reducido las ganancias, llevando a los cárteles a ampliar sus redes de extorsión e ir en busca de nuevos esquemas para obtener dinero.
La publicación de The Wall Street Journal señala que bajo la amenaza de fuerza, algunos alcaldes están nombrando a miembros de grupos de la delincuencia a puestos en tesorerías locales, revelaron dos ex presidentes municipales de Guerrero.
Refieren que esos empleos efectivamente dan a los cárteles control sobre contratos de construcción municipal, adquisiciones y otros servicios públicos.
La experta en seguridad del centro de investigación México Evalúa, Sandra Ley, indicó que los asesinatos de funcionarios gubernamentales, candidatos y miembros de partidos políticos aumentaron de 94 en 2018 a 355 en 2023.
El reportaje del diario estadounidense señala que la expansión del control de los cárteles y las tácticas cada vez más violentas han llevado a las familias mexicanas a Estados Unidos en cantidades récord.
Según el reporte de la Patrulla Fronteriza, alrededor de 87 mil mexicanos que viajaban con niños fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, casi cuatro veces más que el año anterior.
Además, de acuerdo con datos del Inegi, el delito de extorsión incrementó desde 2018. Ante ello, los productores de aguacate y limón de Michoacán, un centro de exportación para los mercados estadounidenses, han bloqueado carreteras en los últimos meses para manifestarse contra la extorsión y el robo de sus productos por parte de los delincuentes, que se ha triplicado en el último año.
La publicación de WSJ refiere a Samuel Logan, jefe de Southern Pulse, una consultora de seguridad en Estados Unidos, quien señala que muchos funcionarios locales de Morena, partido que gobierna 23 de los 32 estados del país, interpretaron la política de “abrazos, no balazos”, como un permiso para dar cabida a los grupos delictivos como una forma de sofocar los delitos violentos y reducir las amenazas de muerte.
