“El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad”, advirtió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Manifestaciones que corten la circulación tendrán “consecuencias”, advirtió este jueves el gobierno de ultraderecha de Javier Milei en el anuncio de un “protocolo antipiquete” que endurece medidas del orden público para Argentina.
“Las calles no se toman… si se toman la calle va a haber consecuencias”, dijo en rueda de prensa la ministra de Seguridad. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”.
El anuncio llega en el cuarto día del gobierno de Milei, que asumió el domingo, y a menos de una semana de manifestaciones en conmemoración de la crisis económica y protestas de 2001, que dejaron 38 muertos producto de la represión policial.
“Hemos vivido muchos años en prisión bajo un desorden total y absoluto”, insistió Bullrich, que según medios anunció un plan similar cuando ejerció el mismo cargo en el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).
La ministra dijo que todas las fuerzas federales podrán actuar y que se empleará “la mínima fuerza necesaria y suficiente” ante piquetes, que “será graduada en proporción a la resistencia”, y adelantó que la fuerza pública podrá requisar por “material” para manifestaciones como “palos” y revisar la identidad de personas encapuchadas.
Milei, un libertario de 53 años, advirtió contra los piquetes y manifestaciones, parte del ADN de Argentina con fuertes movimientos sindicales y sociales. “El que corta no cobra” ayudas sociales, dijo el domingo al asumir el poder.
“Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”, añadió Bullrich y anunció “sanciones a aquellos que lleven niños” a marchas, que según el gobierno son usados como “escudos” contra la fuerza pública.
Advirtió además que “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables”.
El gobierno anunció hace dos días un primer paquete de medidas de ajuste económico, que incluyen una devaluación del 50% de la moneda local y recortes en subsidios a la energía y el transporte público. Estas medidas, junto a una tasa de inflación interanual que supera el 160%, impactarán el poder adquisitivo de los argentinos.
