Ante inminentes reformas a la Ley de Transporte del Estado de Sonora, transportistas afiliados a la CTM se presentaron en el recinto legislativo para participar en el parlamento abierto, donde manifestaron de manera pacífica algunos desacuerdos y propuestas y piden que antes de aprobarla se realice consenso con todas las partes interesadas.
“Algunos grupos de concesionarios están preocupados de que esta reforma afecte el principio constitucional de progresividad que garantiza que en cualquier reforma legal no se lastimen derechos ya adquiridos, que sean para mejorar las condiciones actuales, no para perjudicarlas”, señaló Javier Villarreal Gámez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora CTM
“Queremos que el espíritu de la ley respete a los concesionarios, porque de repente el excesivo interés mercantilista de los empresarios lastima a muchos domperos, gondoleros, gente que tiene un patrimonio social, son cooperativas, uniones y Sindicatos que han batallado mucho y que con el paso del tiempo se les ha ido afectando. Primero deben tener oportunidad de trabajar los concesionarios y una vez agotada la capacidad del servicio concesionado, los empresarios pueden comprar las unidades y obtener los permisos que quieran para cubrir las necesidades”, agregó.
En ese sentido, Alejandro Rocha, subsecretario del Transporte de la CTM, dio lectura a un pronunciamiento donde solicitan que el proyecto sea socializado, expuesto y debatido con los verdaderos afectados que son los concesionarios.
En el documento rechazan el nuevo articulo 146 del proyecto por considerar que cancela su derecho a obtener una concesión, la cual aplicaría sólo para empresarios, dejando por fuera a las organizaciones sociales que tienen un gran impacto en la economía regional.
Asimismo, en el caso del transporte de carga en la industria de la construcción señalan que en las modificaciones del artículo 149 encuentran una contradicción con el art. 124 de la misma Ley de Transporte al dejar como opcional la contratación del servicio público concesionado, lo que no va de acuerdo con las políticas sociales del gobernador Alfonso Durazo.
También se abordan los temas de servicios de transporte a través de aplicaciones móviles, el otorgamiento de nuevas concesiones, así como capacitación, derechos laborales y seguridad social para los trabajadores.
