Choferes urbanos acusan contubernio entre gobernadora y concesionario violando contrato colectivo y ley labora.


Con un bloqueo intermitente en una de las principales arterias vehiculares de esta capital, operadores de transporte urbano exigen al gobierno de Claudia Pavlovich Arellano y a las empresas concesionarias del transporte Movilidad integral y Administración Corporativa respeto al contrato colectivo.

Los transeúntes del cruce de la calle Rosales y Blv. Luis Encinas conocieron el incumplimiento en el que han incurrido tanto las autoridades estatales como Jesús Padilla, concesionario del transporte Urbano en Hermosillo, a través de las pancartas y mantas que exhibían los propios operadores del servicio con cada una de las demandas.

Los plasmaron las condiciones precarias en las que trabajan, con un bajo salario, el no pago de horas extras, ni bonos, ni el séptimo día y sin la expectativa de mejores condiciones de vida para sus familias, ante la falta de pagos de servicios prioritarios.

“Las empresas no se han hecho responsables tampoco de los pagos del Infonavit y Seguro Social, una de las principales demandas de los compañeros operadores pues los concesionarios deben alrededor 180 millones de pesos por el pago de estas prestaciones, lo que significa que no tienen acceso a comprar una casa o tener atención en el IMSS e ir haciendo antigüedad para su pensión”, denunció el dirigente del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano.

Abundó que este gobierno además de no respetar la Ley no ha escuchado a los choferes, convirtiéndose en una administración patronal, que vela por los intereses del empresario.

Dijo piden al nuevo Gobierno de Alfonso Durazo, mucha transparencia en la entrega recepción.

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