Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) orden\u00f3 a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) entregar la versi\u00f3n p\u00fablica de operaciones financieras relacionadas con las contrataciones del software de espionaje Pegasus, al determinar que su divulgaci\u00f3n no implica un riesgo o amenaza a la seguridad nacional.<\/p>\n
As\u00ed lo hizo al resolver los recursos de revisi\u00f3n en materia de seguridad nacional 26\/2021 y 27\/2021, interpuestos por la Consejer\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia, con la que dicho \u00f3rgano buscaba echar abajo las resoluciones del 10 de noviembre de 2021 y 17 de noviembre de 2021, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (Inai), por la que tambi\u00e9n orden\u00f3 entregar la versi\u00f3n p\u00fablica de dichos reportes. <\/p>\n
De acuerdo con el ministro Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n, ponente de ambos recursos, del estudio integral de la resoluci\u00f3n del Inai se desprende que la informaci\u00f3n que la Secretar\u00eda de Hacienda debe entregar es la relativa a las contrataciones del software Pegasus llevadas a cabo en los a\u00f1os 2014, 2015, 2016 y 2017. <\/p>\n
La persona que solicit\u00f3 dichos documentos lo hizo luego de que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en conferencia de prensa del 21 de julio de 2021, reconociera la existencia de dichos documentos y que incluso dijera que \u201chay muchos estados que cuentan con este tipo de sistemas\u201d. <\/p>\n
\u201cEl Grupo Tech Bull S.A. de C.V. es una empresa con caracter\u00edsticas de fachada constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. Cabe se\u00f1alar que Grupo Tech Bull contrat\u00f3 durante el a\u00f1o 2014 con la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, particularmente con el licenciado Tom\u00e1s Zer\u00f3n de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telef\u00f3nico. Este contrato es un contrato de 32 millones de d\u00f3lares desarrollado por la empresa israel\u00ed NSO Group, al que termin\u00f3 transfiri\u00e9ndose los recursos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Nieto Castillo. <\/p>\n
Gobierno no acredit\u00f3 riesgo o amenaza por dar informaci\u00f3n sobre Pegasus<\/p>\n
Durante la discusi\u00f3n del asunto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que junto con la ministra Lenia Batres vot\u00f3 en contra de ambos proyectos, consider\u00f3 que s\u00ed exist\u00edan elementos suficientes para justificar la reserva de la informaci\u00f3n por seguridad nacional, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Consejer\u00eda Jur\u00eddica del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. <\/p>\n
\u201cEl motivo de mi disenso deriva de que estamos ante informaci\u00f3n que se encuentra activamente siendo procesada por las autoridades, planteamiento que el proyecto resuelve esencialmente sobre la base de que el tratamiento de datos por parte de la UIF no es propiamente una investigaci\u00f3n, sino un an\u00e1lisis preliminar\u201d, dijo. <\/p>\n
Para justificar su postura, la ministra cit\u00f3 el art\u00edculo 51, fracci\u00f3n I, de la Ley de Seguridad Nacional que ordena reservar, por motivos de seguridad nacional, informaci\u00f3n que implique la revelaci\u00f3n de normas, procedimientos, m\u00e9todos, fuentes, especificaciones t\u00e9cnicas, tecnolog\u00eda o equipos \u00fatiles a la generaci\u00f3n de inteligencia.<\/p>\n
\u201cEn consecuencia, considero que la postura propuesta conlleva un an\u00e1lisis sesgado de naturaleza de la informaci\u00f3n limit\u00e1ndola a un c\u00famulo de datos vinculados con espionaje pol\u00edtico o adquisiciones il\u00edcitas sin considerar la amplitud de los matices que con lleva dentro de los cuales, como explique, se encuentra la seguridad nacional\u201d, dijo. <\/p>\n
En respuesta, para apoyar su postura a favor, el ministro Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1 record\u00f3 que reportes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de medios nacionales e internacionales han denunciado desde el 2017 el uso de dicho programa para espiar a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, investigadores internacionales e incluso a miembros del propio gobierno y a otros actores de la vida p\u00fablica del pa\u00eds. <\/p>\n
\u201cPor lo anterior, el proyecto hace muy bien en reconocer (que) la contrataci\u00f3n de un programa para realizar espionaje contra la poblaci\u00f3n resulta en un caso paradigm\u00e1tico de enorme inter\u00e9s p\u00fablico, pues implica el uso de recursos del estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos\u201d. <\/p>\n
Mientras que la autoridad recurrente, en este caso el Gobierno Federal, \u201cno demostr\u00f3 que la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n solicitada represente un riesgo real, un riesgo demostrable, un riesgo identificable en perjuicio significativo a la seguridad nacional\u201d. <\/p>\n
Por ello, el Pleno de la Corte determin\u00f3 que la Secretar\u00eda de Hacienda debe entregar los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagn\u00f3sticos, as\u00ed como el sistema de pagos en su versi\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Se cae caso Pegasus, pese a que hay al menos 24 operadores del software<\/p>\n
El pasado mes de diciembre de 2023, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) consigui\u00f3 llevar a juicio a la \u00fanica persona implicada por el uso ilegal del software esp\u00eda Pegasus en M\u00e9xico, cometido en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui. <\/p>\n
Durante semanas, la Fiscal\u00eda present\u00f3 a diversos testigos y documentos para intentar acreditar que Juan Carlos G., un empleado de la empresa KBH, filial de NSO Group, hab\u00eda sido el responsable de intervenir las comunicaciones privadas de la periodista. <\/p>\n
No obstante, al finalizar el juicio, el juez Luis Ben\u00edtez Alc\u00e1ntara concluy\u00f3 que la FGR no logr\u00f3 acreditar ni aport\u00f3 una sola prueba para probar que dicha persona cometi\u00f3 el espionaje de forma directa, por lo que lo dej\u00f3 ir en libertad, derrumbando as\u00ed el \u00fanico caso abierto por el uso ilegal del software en el pa\u00eds. <\/p>\n
No obstante, luego de reconocer que existen al menos 24 operadores del software, el juez se\u00f1al\u00f3 que su resoluci\u00f3n \u201cno acota la investigaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda debe continuar. La importancia de este asunto no inicia desde esta sala, inicia desde la investigaci\u00f3n. M\u00e1s trat\u00e1ndose de un sector que ha sido tan vulnerado en M\u00e9xico\u201d, dijo. <\/p>\n
Incluso, investigaciones period\u00edsticas han se\u00f1alado que el uso de este aparato de espionaje no solo involucra a los gobiernos de los expresidente Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto, sino que adem\u00e1s llegan hasta el sexenio del presidente L\u00f3pez Obrador, mismo que se ha rehusado a publicar toda la informaci\u00f3n relacionada a su uso en esta y otras administraciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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