El juez Francisco Ren\u00e9 Olivo Loyo admiti\u00f3 dos juicios de amparo indirecto iniciados por funcionarios de la Universidad Pedag\u00f3gica Nacional contra notas sobre presuntos actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
PUEBLA a 19 de noviembre de 2025 (apro).- El juez Sexto de Distrito en materia civil, Francisco Ren\u00e9 Olivo Loyo, admiti\u00f3 dos juicios de amparo indirecto iniciados por funcionarios de la Universidad Pedag\u00f3gica Nacional (UPN) contra notas sobre presuntos actos de corrupci\u00f3n que fueron publicadas en cuatro medios de comunicaci\u00f3n de Puebla.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de estas demandas, el juez concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional por lo cual orden\u00f3 a los medios de comunicaci\u00f3n y a cuatro periodistas que se \u201cabstengan de emitir cualquier pronunciamiento, manifestaci\u00f3n o declaraci\u00f3n p\u00fablica de imputaciones que afecten la honorabilidad, dignidad y privacidad\u201d de los quejosos.<\/p>\n\n\n\n
El juzgador hace referencia a \u201clas restricciones leg\u00edtimas del derecho a la informaci\u00f3n de la sociedad\u201d y a que no se puede sostener el inter\u00e9s p\u00fablico, \u201c\u00fanicamente\u201d porque se trata de personas que ocupan un cargo en una universidad p\u00fablica, \u201cpues ese mayor nivel de injerencia no puede estar por encima de su derecho a la vida p\u00fablica y al derecho de honor\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Esto, aunque una de las demandantes es Elo\u00edna N. representante de la delegaci\u00f3n sindical D-III-3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci\u00f3n (SNTE)? Secci\u00f3n 23 y el otro es Marco Antonio N., jefe Administrativo la Unidad 211 de la UPN. ??<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 Ejecutivo Nacional Democr\u00e1tico del SNTE en Lucha y el Consejo Democr\u00e1tico Magisterial Poblano emitieron un pronunciamiento en el que califican estas demandas de amparo como un \u201cintento de censura judicial\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa suspensi\u00f3n provisional otorgada por el Juez del Sexto Distrito en Puebla, que pretende limitar la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n sobre presuntos actos de corrupci\u00f3n en la UPN, constituye un grave precedente contra el ejercicio period\u00edstico y el derecho del ciudadano a estar informado. Esta acci\u00f3n judicial representa una forma de intimidaci\u00f3n institucional que vulnera el principio de rendici\u00f3n de cuentas en el \u00e1mbito educativo\u201d, sostuvieron.<\/p>\n\n\n\n
Igual, el abogado Arturo Mendoza, asesor de uno de los medios demandados, afirm\u00f3 que la suspensi\u00f3n dictada por el juez representa un acto de censura previa, lo cual est\u00e1 expl\u00edcitamente prohibido en el art\u00edculo 7\u00ba ?constitucional.<\/p>\n\n\n\n
A la letra ese art\u00edculo dice: \u201cNinguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta\u201d.<\/p>\n\n\n\n
LAS NOTAS<\/p>\n\n\n\n
Los medios de comunicaci\u00f3n demandados son e-Consulta, La Jornada de Oriente, \u00c1ngulo 7 y Mundo Nuestro, as\u00ed como los reporteros Kara Castillo, Mart\u00edn Hern\u00e1ndez, Natalia Romero y el columnista Gerardo P\u00e9rez Mu\u00f1oz, quienes fueron notificados como \u201cautoridades responsables\u201d junto con el director de Formaci\u00f3n Docente de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n P\u00fablica de Puebla. ?<\/p>\n\n\n\n
Representantes legales de los medios y periodistas que firman las notas y colaboraciones fueron citados por el juez el 24 de noviembre para la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto.<\/p>\n\n\n\n
Las notas fueron publicadas a principios de septiembre de este a\u00f1o luego de una rueda de prensa que ofreci\u00f3 la maestra Gabriela Molina para denunciar actos de represi\u00f3n y acoso en su contra por parte de directivos de la UPN.<\/p>\n\n\n\n
Molina se\u00f1al\u00f3 que el hostigamiento surgi\u00f3 a partir de que ella y otros maestros documentaron la asignaci\u00f3n de plazas en esa Universidad, sin examen de oposici\u00f3n, a directivos, representantes sindicales y allegados que no cumplen con los requisitos que marca el decreto de creaci\u00f3n de la UPN.<\/p>\n\n\n\n
La primera demanda de amparo por las notas publicadas fue interpuesta por el director de la unidad 211 de la UPN, Javier Maule\u00f3n Mntero, aunque \u00e9sta no prosper\u00f3.?<\/p>\n\n\n\n
El mismo formato fue usado por otros dos funcionarios de esa instituci\u00f3n para demandar el amparo de la justicia al asegurar ser v\u00edctimas de \u201clawfare\u201d (guerra legal) por parte de la direcci\u00f3n de Formaci\u00f3n Docente de la SEP y de los cuatro medios, sin abundar c\u00f3mo es que esto se configura.<\/p>\n\n\n\n
Y hay informes que se\u00f1alan que existen otras cuatro o seis demandas presentadas por otros directivos de la UPN bajo los mismos argumentos. En los escritos los quejosos dicen haber sido sometidos al escarnio p\u00fablico por las notas divulgadas.<\/p>\n\n\n\n
\u00c1ngulo 7, uno de los medios demandados, inform\u00f3 que en el Juicio de Amparo indirecto 1726\/2025-IX-C, el juez argumenta que, en este caso particular,?la libertad de expresi\u00f3n entra en \u201cconflicto con el derecho al honor o reputaci\u00f3n de una persona o personas\u201d.?<\/p>\n\n\n\n
Dictamin\u00f3 que?el demandante no tiene el \u201ccar\u00e1cter de figura p\u00fablica, ni ejerce el periodismo\u201d.?Por esa raz\u00f3n,?no puede ser \u201csometida a la opini\u00f3n y cr\u00edtica de terceras personas\u201d?ya que es una?injerencia a su privacidad como persona sin proyecci\u00f3n p\u00fablica\u201d, abund\u00f3 el medio.<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 Ejecutivo Nacional Democr\u00e1tico del SNTE en Lucha y el Consejo Democr\u00e1tico Magisterial Poblano mencionaron que la determinaci\u00f3n del juez se contrapone a la Constituci\u00f3n, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n y acuerdos internacionales signados por M\u00e9xico como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y otros.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido exigen que se retiren las demandas de amparo y piden a organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios period\u00edsticos y comunidades acad\u00e9micas que se pronuncien en defensa de la libertad de expresi\u00f3n y del libre ejercicio period\u00edstico que se ve amenazado por este tipo de acciones judiciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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