Columna: Picando Cresta.
La concentración de recursos públicos en Cajeme y el bloqueo político en Hermosillo exhiben a un gobierno más preocupado por la sucesión que por gobernar con equidad. Alfonso Durazo Montaño ya no actúa como árbitro institucional, sino como jefe de campaña.
Si Morena estuviera tan fuerte como presume rumbo a la próxima gubernatura de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño no tendría que intervenir de manera tan evidente en la disputa política. Sin embargo, los hechos recientes apuntan a lo contrario: un Ejecutivo estatal operando con recursos públicos para apuntalar a su proyecto sucesorio.
La inversión de 360 millones de pesos en cuatro obras concentradas en Cajeme no puede analizarse al margen del contexto político. Se trata del municipio gobernado por Javier Lamarque, señalado dentro y fuera de Morena como el “delfín” del gobernador. Que Durazo encabece giras, supervise obras y maximice la exposición mediática en ese territorio no es casualidad; es estrategia.
La rehabilitación del Parque Infantil Ostimuri en la Laguna del Náinari, la pavimentación de vialidades, la mejora de redes hidrosanitarias y la intervención del bulevar Circunvalación son obras necesarias, sí, pero tardíamente redescubiertas. Cajeme no empezó a tener rezagos en 2026. ¿Por qué ahora se concentran los recursos? ¿Por qué todas juntas? ¿Y por qué bajo el reflector político del gobernador?
Mientras Cajeme recibe atención prioritaria, Hermosillo enfrenta un cerco político. Desde el Congreso del Estado, diputados alineados al Ejecutivo, bajo la coordinación de la oficina de Comunicación Social que encabeza Erick Moncada, han bloqueado iniciativas y recursos que podrían fortalecer al gobierno municipal de Antonio “Toño” Astiazarán, cuya popularidad va en ascenso. No es un debate técnico ni presupuestal: es contención política pura.
El contraste es revelador. Donde el gobierno ve riesgo electoral, cierra la llave. Donde necesita apuntalar a su candidato, abre la cartera. Esta lógica no solo contradice el discurso de transformación y austeridad, sino que reproduce prácticas que el propio Durazo Montaño criticó durante años: usar el poder del Estado para inclinar la cancha electoral.
El problema no es invertir en obra pública, sino cómo, cuándo y para quién se invierte. Cuando el presupuesto deja de responder a criterios de impacto social y equidad regional, y empieza a obedecer cálculos electorales, se rompe la confianza ciudadana y se debilita la institucionalidad.
Un gobernador seguro de su legado no necesita convertirse en operador político. No necesita usar al Congreso como muro de contención ni concentrar recursos para proteger a su sucesor. La sobreexposición de Cajeme y el castigo político a Hermosillo son síntomas de inseguridad, no de fortaleza.
En política, como en economía, la percepción lo es todo. Y cuando un gobierno acelera el gasto para apuntalar a su candidato, el mensaje es claro: las encuestas no favorecen tanto como se dice.
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