La SCJN además multó a Grupo Elektra por intentar retrasar la sentencia del Máximo Tribunal.
CIUDAD DE MÉXICO a 13 de noviembre de 2025 (apro).- Por unanimidad de votos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que Grupo Elektra debe pagar un crédito fiscal por más de 33 mil millones de pesos y multó a la empresa por intentar retrasar la sentencia del Máximo Tribunal.
Este jueves, el Pleno de la Corte desechó el amparo directo en revisión 6321/2024 que Grupo Elektra tramitó contra el crédito fiscal por 33 mil 306 millones 306 mil 476 mil 349 pesos correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.
A propuesta del ministro Rodrigo Arístides Guerrero, el Pleno declaró que el caso no cumple con los requisitos establecidos por la ley para que sea revisado por el Máximo Tribunal, por lo que debe ser desechado.
“Si bien subiste un tema de constitucionalidad, lo cierto es que carece de excepcionalidad debido a que en el recurso de revisión no se argumentó, ni se aprecia que el Tribunal Colegiado de Circuito se hubiere apartado de los precedentes mediante los que se resuelven los aspectos de constitucionalidad planteados”, señala el documento aprobado por el Pleno.
Previo a esta discusión, los ministros resolvieron el impedimento 33/2024 con el que Grupo Elektra buscaba sacar de la discusión a los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, de dicho amparo.
Para esta discusión las ministras Esquivel y Batres tuvieron que retirarse debido a que su imparcialidad era la que estaba siendo cuestionada, así como Estela Ríos González a quien anteriormente el Pleno ya había declarado impedida para participar en este tipo de asuntos en los que se plantea un posible conflicto de interés de Batres Guadarrama quien anteriormente fue su subordinada en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
El proyecto de este impedimento fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos quien, además de declarar sin materia el alegato contra Pérez Dayán, por haber pasado a retiro, y desestimar los argumentos de afinidad con la 4T planteados contra Esquivel Mossa; propuso abandonar el criterio establecido por la extinta Segunda Sala de la Corte en el que Lenia Batres Guadarrama fue declarada impedida para intervenir en los litigios de Salinas Pliego por la publicación, entre 2020 y 2021, de diversos comentarios en la red social Twitter, hoy X, que fueron considerados por los ahora ministros en retiro como una manifestación expresa de enemistad con el empresario.
“Las expresiones atribuidas a la Ministra Batres Guadarrama son anteriores no solo al inicio de sus funciones como Ministra de la Suprema Corte, sino también al momento en que el asunto fue del conocimiento de este Tribunal Constitucional. En consecuencia, no existe elemento objetivo que permita vincular dichas manifestaciones con el ejercicio de su función jurisdiccional ni con la tramitación del presente juicio de amparo”, señala el proyecto público.
“Es claro para esta Suprema Corte que los jueces y juezas — como cualquier otra persona— gozan del derecho a la libertad de expresión; es cierto que esa libertad debe ser sopesada con el deber de mesura una vez que se ejerce la función jurisdiccional, pero no sería razonable aplicar ese estándar hacia actos del pasado. Extender el ámbito temporal del deber de mesura implicaría restringir de manera desproporcionada la libertad de pensamiento y de expresión de quienes, antes de su nombramiento, participaban en la vida pública como ciudadanas y ciudadanos”.
La propuesta fue avalada por los siete integrantes del Pleno que sí podían votar el asunto e incluso el ministro presidente Hugo Aguilar acotó que las expresiones de la ministra Batres no tenían nada qué ver con los asuntos que la Corte debía resolver.
Asimismo, el Pleno ordenó multar a Grupo Elektra con 70 Unidades de Medida de Actualización, equivalentes actualmente a 7 mil 919.8 pesos, por considerar que con tantos impedimentos, recursos de reclamación y ampliaciones, Grupo Elektra tuvo intención de prolongar el caso para obstaculizar el dictado de las resoluciones de la Corte.
“La parte promovente intentó en repetidas ocasiones suspender el procedimiento con motivo de la presentación de nuevos recursos, solicitud que fue negada en más de una ocasión al no estar prevista en la Ley de Amparo. Este comportamiento evidencia una intención manifiesta de prolongar artificialmente el trámite del juicio y de obstaculizar el ejercicio regular de la función jurisdiccional”, señala el proyecto del ministro Espinosa.
Este mismo jueves la Corte tiene programada la discusión de otros litigios que Grupo Salinas inició contra los créditos fiscales que tiene pendientes que suman un monto total aproximado de 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos.
