Ciudad de México a 27 de enero de 2025.- El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, informó sobre los avances del programa de Vivienda para el Bienestar y expuso investigaciones sobre juicios masivos que afectaron a miles de acreditados.
Señaló que el Instituto ya cuenta con reserva territorial en 30 estados, con 143 predios, en los que se podrían construir 86 mil 499 viviendas. Agregó que en el primer trimestre del año se tendrán listos 114 proyectos arquitectónicos para poder iniciar con la edificación de viviendas en 26 estados, una vez que se apruebe la reforma a Ley del Infonavit.
Por otra parte, expuso que en 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos a través de despachos que cometieron diversas irregularidades como no notificar a las personas acreditadas, incluir a quienes no tenían problemas de pago y demandar en una entidad distinta al lugar de residencia.
Detalló que, debido a esta situación, en 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del INFONAVIT desistirse de todos los juicios masivos y detener el desalojo de las familias. Además, en 2020 se presentó una denuncia penal en Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del poder judicial local y notarios, por la afectación a 62 mil acreditados.
El ingeniero Romero Oropeza informó que con esta estrategia de juicios masivos en total fueron afectadas 373 mil 812 personas acreditadas en todo el país, de las cuales 320 mil 127 fueron demandadas fuera de la entidad donde se encontraba su vivienda. El mayor número de personas afectadas se concentra en Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco.
Romero Oropeza destacó que se está llevando a cabo el proceso de cancelación de los contratos de los despachos involucrados en juicios masivos y que, en noviembre de 2024, la actual administración del Instituto detectó que 9 despachos simularon juicios individuales en la Ciudad de México, lo que resultaría en la afectación de 63 mil 444 derechohabientes, de no haberse detenido.
Finalmente, resaltó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a resarcir el daño a los derechohabientes y continuar con las denuncias penales a quienes resulten responsables de despachos, notarios y funcionarios de los poderes judiciales locales.
