José Darío Arredondo López
Hermosillo, Sonora a 26 de septiembre del 2024.- “Pena de prisión a las ratas del Isssteson” (consigna popular).
El martes 24 se realizó una rueda de prensa frente a Palacio de Gobierno. En la mesa representantes de la Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS, en la calle algunos representantes de medios locales y un grupo de derechohabientes de la tercera edad que reclamaban lo que a su derecho convino: garantía de que las jubilaciones saldrán dictaminadas en tiempo y forma, cumplimiento en las citas médicas y las intervenciones quirúrgicas, abasto de medicamentos, justicia y prontitud de repuesta en el trato de problemas de la competencia de la Institución.
Dentro de los problemas expuestos sigue siendo tema recurrente la falta de transparencia que parecía resuelta en el tiempo en que fue director Jesús Manuel Acuña Méndez, cuya gestión terminó cuando apenas se estaban viendo resultados por causas que aún permanecen ocultas en los entretelones de la política palaciega.
Acuña Méndez supo establecer un diálogo directo, claro y franco con la derechohabiencia, construyendo puentes de comunicación que revelaban las posibilidades de que, por fin, la Institución de seguridad social de los sonorenses pudiera responder a las necesidades y reclamos de sus afiliados.
Se inició la puesta en orden de los inventarios, su actualización y situación real, se revisaron y eliminaron subrogaciones, poniendo en evidencia el abuso y el agandalle de las anteriores administraciones.
Se reveló el obsceno esquema de complicidades entre el gobierno y la iniciativa privada para lucrar a costa del erario, así como la existencia de empleados deshonestos y negocios particulares a la sombra del poder público.
Por primera vez se supo del monto de los recursos que ingresaban al Isssteson y cuánto y en qué se estaba gastando. Por primera vez los usuarios sintieron que eran tomados en cuenta y que la interlocución entre pueblo y gobierno podía dar buenos resultados. Su gestión dignificó el trato institucional y la imagen el gobierno de Durazo.
Sin embargo, pesa en el ánimo de los derechohabientes un retorno al pasado que se dijo combatir y la puesta en duda de la promesa de que “no se iba a patear el bote” en este gobierno. Es revelador el hecho de que la sección de información financiera que incorporó el director Acuña desapareció de la página oficial del Instituto.
Han ido y venido directores generales, se han pronunciado discursos, promesas y justificaciones, pasando por las explicaciones de la novedad en el cargo, problemas presupuestales donde destaca el costo de la nómina de pensiones respecto a lo que se recibe por concepto de cuotas y aportaciones.
Hasta la fecha, nadie informa por qué no se ha resuelto el desfondo pensionario que hizo crisis en los tiempos de Guillermo Padrés con Teresa Lizárraga en la dirección general, y
que ha seguido sin resolverse a pesar de la caravana de directores y danza de los millones que pasaron de un desfondo de 6,000 a quizá el triple de la cantidad declarada, lo que permite sospechar que los malabares contables y las excusas sólo son una distracción de un problema mayor: El Isssteson sigue siendo la caja chica de la administración.
En este contexto, cualquiera puede preguntarse ¿qué pasa con las cuotas que puntualmente pagan vía descuento en nómina los trabajadores? ¿Qué pasa con las aportaciones que entregan los organismos afiliados, sean universidades, ayuntamientos u otros organismos públicos? ¿Por qué no se entregan los recursos al Isssteson en vez de quedar entrampados en la administración estatal para fines ajenos a su propósito?
Y, muy importante, ¿qué pasa con las acciones legales contra los defraudadores de los ahorros de los trabajadores y causantes del daño patrimonial del Isssteson? ¿Por qué no se establecen responsabilidades y se aplica la ley?
La lucha por el Isssteson es la lucha de los ciudadanos afiliados a la seguridad social del Estado, que debiera ser garante de la misma, en los términos de la Ley 38 orgánica del Instituto. No es problema menor y sí una realidad que habla de la capacidad redistributiva del producto social de Sonora, distorsionada por la incapacidad o simplemente por una posible complicidad en la corrupción.
Convertir en negocio privado un bien público no tiene relación con la idea de cambio, de revolución pacífica contra los males y la perversidad del régimen neoliberal, ya que refrenda el modelo que se dice combatir.
Es claro que se gobierna con la calidad y cobertura de los servicios a cargo del Estado. En este caso, nos ha faltado gobierno.
La lucha por el Isssteson es la lucha por la salud y la seguridad social, por el respeto al derecho ciudadano al bienestar, la paz y la no discriminación. Si queremos una sociedad igualitaria, democrática e incluyente, empecemos por el acceso a los servicios que la sociedad requiere.
Los trabajadores jubilados y pensionados de Sonora exigen con toda razón un trato justo e incluyente, y el Isssteson es un referente obligado y esencial del bienestar.
Los universitarios han dado un paso importante en la visibilización de este problema social. Hagamos que funcione.
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