Debido al proceso administrativo que iniciaron autoridades estatales, se procedió a la suspensión de funciones de Miguel Ernesto Pompa Corella como Notario Público, quien cuenta con una patente en Hermosillo.
Dicha noticia fue confirmada con la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el pasado 25 de marzo, luego de que se notificó a la Dirección General de Notarías sobre el estado procesal del auto judicial del expediente 281/2024 que se tramitó ante la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora por la administración de Alfonso Durazo Montaño.
El trámite se desprende del juicio administrativo por “acción de lesividad” en contra del ex secretario de gobierno en el sexenio de Claudia Pavlovich Arellano, ahora cónsul de México en Barcelona, al obtener autorización para ser designado como titular de la Notaría número 113.
“Con fundamento en los artículos 63 al 70 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, dicho tribunal estimó procedente otorgar la suspensión para efectos de que el particular demandado en el plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la notificación ponga a disposición de ese tribunal los sellos y folios relativos a la función notarial”, se lee en el documento oficial.
También se indica que dicha persona deberá de abstenerse de realizar asesoramientos en el carácter de notario público a quienes comparezcan a solicitar los servicios respectivos, como también los actos descritos en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora.
Este ordenamiento tiene una vigencia de seis meses, en el entendido de que si transcurre el plazo antes mencionado sin que se dicte sentencia, se renovará la suspensión por el mismo plazo indicado.
Pompa Corella fue seleccionado hace casi tres años con una patente, luego de que la ex gobernadora Pavlovich firmó el documento que lo acreditó como Notario Público, tras haber cumplido con el examen de oposición en junio del 2021.
En diciembre del año pasado, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Notarías, propuesta por el Ejecutivo Estatal, con la intención de fijar un impedimento para que cualquier funcionario aspire a una patente por el tiempo proporcional al que prestaron su servicio dentro de una administración, además de que prohíbe que el gobernante en turno autorice nuevas patentes en su último año de gestión.
