Para evitar que continuara el desfalco al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) a través de pensiones infladas, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cheques por un monto de mil 100 millones de pesos que estaban listos para ser entregados a despachos de abogados que falsificaron documentos e incurrieron en actos de corrupción para el otorgamiento de esos recursos a trabajadores jubilados, señalaron autoridades ministeriales.
Las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), que encabeza María de la Luz Mijangos, ha dado como resultado la judicialización de dos carpetas de investigación, y nueve presuntos responsables de los fraudes cometidos a las finanzas del Issste se encuentren sujetos a proceso penal.
En tanto, siguen abiertas 129 carpetas de investigación iniciadas a partir de denuncias presentadas por los representantes jurídicos del Issste, luego de que el organismo detectara en 2019 los esquemas utilizados por una red de funcionarios de la Junta de Conciliación con sede en Torreón, Coahuila, despachos de abogados y representantes del instituto maniobraron para que se otorgaran pensiones con mon-tos ilícitos.
En ese contexto, durante la integración de las diversas carpetas de investigación, la FEMCC descubrió que ya se habían procesado y estaban listos para su entrega y cobro cheques por un monto de mil cien millones de pesos, relacionados con pensiones infladas.
Funcionarios ministeriales revelaron a La Jornada que los cobros de pensiones con montos indebidos comenzaron a pagarse desde 2010, lo que generó un fraude estimado por el Issste que asciende a 12 mil 733 millones 632 mil pesos.
De acuerdo con las investigaciones, el esquema con el cual se defraudó al instituto fue el siguiente: despachos de abogados con sede en Torreón, y que ya son investigados, convencieron a jubilados para que autorizaran la presentación de demandas de aumento en el monto de sus pensiones argumentando pagos que legalmente eran improcedentes.
Los casos, en connivencia con funcionarios, se ingresaron a la Junta de Conciliación a pesar de que cada expediente debería ser resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (de lo cual existe una jurisprudencia de la Corte).
Cuando se notificó a los representantes del Issste que las demandas estaban en trámite y tenían un plazo para presentar argumentos para que se desecharan los recursos, no realizaron ninguna impugnación y así se dio por válido el pago de más de 2 mil 400 pensiones.
