Por la falta de seriedad mostrada por la Secretaría de Salud y del Gobierno de Sonora, integrantes del Comité de Cuenca del Río Sonora protestaron en Palacio de Gobierno para exigir que se dé solución a las demandas que han planteado durante los últimos años habitantes de los siete municipios que se han visto afectados por la contaminación.
En conferencia de prensa, Ramón Miranda, habitante de Aconchi, quien estuvo acompañado de activistas como Martha Patricia Velarde, señaló que sigue como asignatura pendiente el recibir atención médica por parte de las autoridades federales y estatales, por ello han salido de nueva cuenta para reclamar esa omisión en contra de familias que padecen las consecuencias del ecocidio que generó Grupo México en agosto del 2014.
Molestos por la inoperancia que afirman ha prevalecido durante los más de nueve años del problema, esperan que de una vez por todas se les escuche y dé solución a los planteamientos que consisten en revisiones y tratamientos para las personas enfermas, por el alto consumo de metales pesados que tienen en sus organismos.
Y es que el año pasado, personal de la Cenaprece y de la Secretaría de Salud estatal le practicaron un estudio a más de medio millar de residentes de Ures, Aconchi, Huépac, Banámichi, Arizpe, San Felipe de Jesús y Baviácora, el cual arrojó que la mayoría presentó concentraciones de plomo, arsénico, cadmio y manganeso.
“Hoy queremos exponer a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Sonora por su falta de seriedad y el incumplimiento de acuerdos para atender el grave problema de salud y ambiental que enfrentamos quienes vivimos en los ríos Bacanuchi y Sonora. Denunciamos también la falta de acciones, el cinismo con el que aseguran tener avances en agua y en salud, y la incertidumbre que vivimos en nuestras comunidades por la alarmante presencia de enfermedades y muertes”, externó, en representación de los habitantes de ese sector.
Sostuvo que un 10 % de la población está en las categorías de “alto riesgo” y “muy alto riesgo” de desarrollar arsenicosis y neuropatía, por lo que la información presentada en ese entonces la consideran alarmante y urgente de ser atendida.
Los inconformes señalan que la justificación que dan las autoridades estatales es que todos los servicios deben correr a cargo de la Federación, pero ni uno ni otro gobierno se ha hecho responsable de darles un trato digno, incluso hay personas que fallecieron sin nunca haber recibido una sola consulta médica.
Debido a lo que llaman un desprecio por parte de las administraciones federal y estatal, que no han dado cumplimiento a las resoluciones dictadas en tribunales mexicanos, el pasado 17 de noviembre se presentó una solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el rubro de Derecho a la Salud, a la Vida y a la Integridad Personal.
Además, interpusieron una denuncia ante el Juzgado 13 en contra de todas las autoridades de Salud y de Medio Ambiente de los tres niveles de gobierno por el incumplimiento de las medidas cautelares que fueron otorgadas por el juez y que tenían como fin preservar la vida y la salud de la gente.
Esperarán a que se obligue a las autoridades a dar cumplimiento a las medidas cautelares, se les sancione con multa y destitución del cargo en caso de no cumplir, y se dé vista al Ministerio Público por desacato de sentencia, citaron.
“La Secretaría de Salud Sonora, el IMSS Bienestar y el ordinario, así como la Cenaprece, tienen una deuda enorme por la negligencia con la que actúan. La responsabilidad es de todas estas autoridades, seguirse señalando las unas a las otras no funciona para proteger la salud de la cuenca”, apuntaron los protestantes.
