José Darío Arredondo López
Hermosillo, Sonora a 05 de septiembre del 2024.- “En asuntos internacionales, la paz es un período de trampas entre dos luchas” (Ambrose Bierce).
Aún se levanta el polvo mediático del 6º informe presidencial. Los vídeos circulan a la velocidad de lo efímero, de lo que debe saberse para luego dar paso al olvido por acumulación informativa.
Las “lecturas” de los especialistas florecen y los rostros y los gestos marcan el paso a la interpretación de un hecho que resulta una especie de mega-mañanera en el marco de la rendición de cuentas que ordena la Constitución, en forma verbal y escrita.
Lo escrito se cumplió al entregar el documento al Congreso de la Unión, lo verbal se acató ante el soberano, el pueblo, al aire libre, en la plaza pública que constituye el mayor escenario político de la nación.
No entraré en detalles sobre el estado que guarda la administración pública, que usted seguramente conoce por ser asuntos del dominio público, aunque no estaría de más señalar que la economía no va tan mal como algunos quisieran.
Es claro que hay serios y viejos problemas pendientes, pero el empleo ha crecido, la pobreza ha disminuido y se ha recuperado algo del espacio económico comprometido gravemente por los gobiernos anteriores, tan amigos de organizar ventas de garaje de los activos y recursos nacionales en favor de las empresas extranjeras.
Los empeños de dar reversa a las reformas neoliberales que en paquete se llamaron “Pacto por México” celebrado por el PRI, PAN y PRD, tuvieron (y tienen) un Poder Judicial dispuesto a batear cualquier iniciativa presidencial con olor a nacionalismo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su red de tribunales con magistrados y jueces arracimados en torno a la defensa del interés extranjero y privado, se declaró en guerra con el escudo y el garrote de “la ley”, en una andanada de amparos y descalificaciones a las iniciativas que avanzaron en el Poder Legislativo.
El pueblo de México ha visto en este sexenio cómo un poder de la Unión se convierte en censor y enemigo de los otros, asumiendo una superioridad ficticia agarrada precariamente de formalismos fuera de contexto donde se ataca a la Constitución diciendo que se la defiende, exhibiendo una jerigonza engañosa y falaz.
Muchos pensamos que se trata de una intentona de golpe de Estado por la vía judicial, lo cual posible si se entiende que México está en la óptica de las trapacerías que nuestros vecinos del norte cometen a escala global.
Queda claro que el tener cerca (muy cerca) a Estados Unidos no nos hace ni amigos ni mucho menos socios confiables, toda vez que el T-MEC resulta ser la alberca donde ocurren los ejercicios natatorios de tiburones y sardinas.
Ha sido demasiado evidente el desprecio que sienten los vecinos por la ley, la soberanía y la paz social del país que parasitan. Es claro que se sienten capaz de imponer su visión supremacista a quien cae en su área de influencia, y más si lo ata a su lógica imperial mediante préstamos, acciones de cooperación, fondos para el desarrollo, para la democracia, la salud, contra la corrupción, el terrorismo, contra el narcotráfico, fortalecimiento de la justicia y todo lo que quepa.
El embajador de EUA en turno ha metido la cuchara en el asunto de la reforma judicial, y los argumentos que esgrime son los mismos que emplean las huestes judiciales que a gritos y sombrerazos defienden la inviolabilidad del régimen de privilegios de que gozan ministros y jueces. No lo han dicho tal cual, pero en el fondo de cada pronunciamiento, paro o documento público está la consigna de “la Corte no se toca”.
La evidencia de la función política que asume la SCJN la tenemos a la vista: dos jueces “ordenan” al Poder Legislativo que no discuta la reforma judicial ni proceda, en su caso, al trámite legislativo, excediendo sus facultades y mandando al carajo la división de poderes.
¿Cómo es posible que un órgano jurisdiccional pueda ignorar que la función y facultad del Poder Legislativo es legislar? ¿En qué marco legal se apoyan para impedir el cumplimiento de las competencias que la Constitución concede a los legisladores? ¿Ahora las leyes serán dictadas según el antojo de quien debiera vigilar el cumplimiento de las normas de acuerdo al interés nacional?
En forma simplificada, el Poder Legislativo es la representación del pueblo y las entidades federativas y le corresponde establecer el marco normativo nacional; al Poder Ejecutivo le corresponde atender la cosa pública y proveer lo necesario para el cumplimiento de los objetivos nacionales marcados por las leyes, y al Poder Judicial vigilar el cumplimiento y la constitucionalidad de las normas.
El Poder Judicial no legisla, no hace leyes y sólo vigila la correcta observancia del marco jurídico. Quien legista es el Poder Legislativo, y al Poder Ejecutivo (presidencia de la república) ejecuta el mandato popular en el marco del derecho.
La rebeldía del Poder Judicial de la mano de la intervención declarativa de Canadá y Estados Unidos rompe el equilibrio de poderes, huele a traición, a asociación delictuosa, a falta grave de respeto a la decisión del pueblo y, para variar, intervención extranjera.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben poner orden de acuerdo a su competencia, porque la ley no se negocia ni la traición se perdona. Con un Poder Judicial sumido en la ilegalidad, los días de septiembre serán difíciles pero definitorios para el país y el próximo gobierno. Y sí, aquí la tolerancia resulta igual a complicidad.
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