José Darío Arredondo López
“La justicia es la constante voluntad de dar a cada uno su derecho” (Justiniano).
La Unison está en suspensión de labores, las banderas rojinegras de huelga se pusieron en punto de las cinco de la tarde el día lunes 15 de este mes por parte de los trabajadores del STEUS, organización gremial de los trabajadores manuales y administrativos al servicio de la Universidad de Sonora.
La situación ha llamado la atención de los diversos medios informativos y la tropa variopinta de comunicadores y opinólogos está en pleno despliegue de sus habilidades descriptivas e interpretativas, puliendo las respectivas bolas de cristal para desentrañar el rumbo de conflicto, el encuentro de culpables, la naturaleza y monto de las afectaciones, la posible acción de las autoridades involucradas o por involucrar en términos de su competencia.
Por su parte, los estudiantes sin clases levantan la voz a favor o en contra de la huelga, siendo la segunda opción la que comúnmente termina siendo privilegiada por la prensa seria e institucional de siempre.
Los liderazgos estudiantiles de coyuntura, como es natural, claman por la solución del conflicto y acuden a las instancias y espacios propios del caso, como fue la conferencia de prensa del gobernador del Estado el día martes 16, que se convirtió en una cuenta más del rosario argumental del derecho constitucional de los estudiantes a la educación, frente al propio de los trabajadores a la huelga.
En realidad, no hay oposición o contradicción entre un derecho y otro, ya que corren por carriles distintos, por su naturaleza y alcances. En este sentido, resulta artificial y mal intencionado buscar su contraposición.
Por fortuna hay estudiantes que entienden la situación de los trabajadores y el derecho a la huelga como un recurso extremo para el logro de sus demandas, así que no es raro el apoyo estudiantil a los trabajadores. Recordemos que el estudiante de hoy es el trabajador de mañana.
Resulta probable que nadie les haya explicado que el derecho a la educación, así como su gratuidad, deriva de la obligación constitucional a la misma, pero en el nivel básico educativo a cargo del Estado. La educación superior es protegida e impartida por el Estado, pero no es obligatoria, sino opcional.
En cambio, el derecho de los estudiantes universitarios deriva del Reglamento Escolar, que establece los requisitos de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos. En este sentido, en caso de huelga, el derecho a la educación subsiste y se reactiva en el momento en que la institución vuelve a la normalidad operativa, y se hace una recalendarización de los cursos en respuesta al tiempo requerido para su culminación.
Llama la atención que el gobernador haya hecho un recuento de las huelgas habidas en la UNISON para decir que las huelgas nos alejan de la “excelencia”, como si la calidad formativa de la institución dependiera de negar el derecho de los trabajadores.
Insinuar que la calidad educativa depende de la ausencia de conflictos laborales, es tanto como condenar a los trabajadores a la inexistencia social y política que nuestras leyes plenamente les reconocen tras el triunfo de la Revolución sobre el Porfiriato, lo que es, por lo menos, un despropósito y un absurdo.
También lo es afirmar que “el estatuto sindical” establece como requisito que estalle la huelga para iniciar negociaciones, porque parece ignorar que los estatutos de los sindicatos se refieren básicamente a los principios que crean y justifican al sindicato, sus órganos de decisión, sus funciones y los derechos y obligaciones de los miembros, y que los aspectos y procedimientos laborales corresponden, como es lógico, a la ley de la materia.
Por otra parte, considerar que un sindicato que no se va a la huelga es “maduro”, es caricaturizar los intereses laborales, ya que las huelgas no son producto de la “inmadurez” sino de la ausencia de condiciones que permitan llegar a acuerdos y evitar echar mano de este recurso legal y legítimo de la clase trabajadora. Así las cosas, parece que el gobernador está mal informado.
En otro asunto, los trabajadores pensionados y jubilados afiliados al ISSSTESON siguen esperando que “les haga justicia la transformación”, en forma del pago retroactivo del incremento a sus pensiones. Se sabe que este gobierno ha sido sensible a las carencias de este sector de la sociedad, pero la única forma de remontar el rezago es… remontándolo.
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