En segunda jornada de discusión en la comisión permanente donde se abordo nuevamente los derechos de las audiencias, el senador Iván Jaimes Archundia propuso la no intervención del Estado y que los Códigos de Ética y Defensores de Audiencias sean facultad exclusiva de cada concesionario.
Así mismo eliminar el etiquetado en vivo entre información y opinión y suprimir multas por contenidos noticiosos.
Pide también retirar a la CRT la facultad de interpretar libertad de expresión y crear un órgano autónomo sin injerencia del Ejecutivo.
Ciudad de México, agosto 05 de 2026.- El senador Iván Jaimes Archundia planteó que sean los propios concesionarios de medios de comunicación quienes se autorregulen en sus contenidos, con plena autonomía e independencia, y sean ellos quienes fijen los criterios y conductas en defensa de las audiencias, sin intervención del Estado.
En su segunda participación en el contexto del debate público sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias en México, Jaimes Archundia dijo que esta discusión debe ir más allá del simple rechazo y poner en práctica soluciones legales, institucionales y técnicas que se ajusten de manera irrestricta a la Constitución.
En ese sentido, propuso modificar el esquema planteado para que la emisión de los Códigos de Ética y la elección de los Defensores de las Audiencias sea competencia exclusiva e independiente de cada medio o concesionario, sin catálogo de criterios mínimos dictados por la autoridad ni aval obligatorio del órgano regulador.
“El punto principal para lograr esto es evitar que el Estado se vuelva regulador, que se vuelva fiscalizador de los concesionarios. Es muy importante tomar en cuenta la necesidad de que el Estado no intervenga en la regulación de los concesionarios”, afirmó.
El senador por Sonora planteó, como medida adicional, eliminar el etiquetado en vivo entre lo que es información y lo que es opinión. “Literalmente debe dejarse a un lado, es decir, suprimirse”, de tal suerte que la fluidez de la información no esté regulada con un etiquetado que afectaría la libertad de expresión y la fluidez de la propia información.
En ese sentido, propuso reemplazar la exigencia rígida de fragmentar contenidos en tiempo real mediante alertas o menciones sonoras y visuales (“noticia”, “opinión”) por una política general de transparencia editorial previamente publicada por los medios.
Un tercer punto propuesto es eliminar cualquier multa o sanción administrativa vinculada a la validez, veracidad o interpretación de los contenidos noticiosos o editoriales.
“Necesitamos eliminar cualquier tipo de sanción que esté vinculada con la libertad de expresión. Esas sanciones que se pretende imponer de modo económico no tienen ni pies ni cabeza y son contrarias a la Constitución”, sostuvo.
Se manifestó a favor de retirar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —al estar sectorizada bajo dependencias del Ejecutivo Federal— la facultad de interpretar o tutelar derechos de libertad de expresión, reasignándole únicamente labores de supervisión técnica de espectro y frecuencias.
“Debemos revisar la necesidad de crear un órgano autónomo, independiente, que no tenga injerencia en lo más mínimo en este tema del derecho de las audiencias”, dijo.
Insistió en que, más allá del rechazo a la propuesta, lo más importante es presentar opciones legales, institucionales y técnicas que den viabilidad y protejan expresamente el derecho de las audiencias sin perjudicar la labor de los periodistas y la libertad de expresión.
