La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros nueve implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York.
La medida, enviada a bancos mediante la CNBV, contempla el congelamiento de activos y la suspensión de operaciones financieras, mientras autoridades estadounidenses impulsan solicitudes de detención con fines de extradición contra varios de los acusados.
Ciudad de México a 15 de mayo de 2026 (EMEEQUIS).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una notificación formal a las instituciones financieras del país para el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias pertenecientes al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros 9 implicados qué son acusados por narcotráfico en una Corte de Nueva York.
Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 06 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano.
Este acuerdo se puede consultar en el sistema SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información) de la CNBV, específicamente el Portal SITI PLD/FT.
Esta es una plataforma oficial donde le notifican a los oficiales de cumplimiento de todas las financieras sobre las personas bloqueadas. A partir de que aparecen en esta lista, las financieras tienen 10 días hábiles para bloquear las cuentas y suspender toda actividad con esas personas.
El bloqueo financiero ocurre en medio de una creciente presión de autoridades de Estados Unidos, luego de que fiscales federales en una Corte de Nueva York solicitaran órdenes de detención con fines de extradición contra varios de los implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones de protección a “Los Chapitos”.
De acuerdo con las acusaciones presentadas en territorio estadounidense, las investigaciones apuntan a una presunta red de protección política, financiera y policial que habría permitido la operación del grupo criminal en Sinaloa, incluyendo el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano y el uso de estructuras gubernamentales para encubrir actividades ilícitas.
Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado públicamente la ejecución de órdenes de captura contra los señalados, aunque sí permitió el avance de medidas financieras como el congelamiento de cuentas a través de la UIF y la CNBV.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que cualquier procedimiento relacionado con extradiciones deberá apegarse a los mecanismos legales y a los tratados de cooperación bilateral vigentes entre ambos países, mientras las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos.
¿QUIENES SON LOS BLOQUEADOS POR LA UIF?
Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Señalado por pactar apoyo electoral a cambio de impunidad. Habría prometido designar aliados de la organización en puestos clave para facilitar el tráfico de drogas y garantizar la protección de sus operaciones durante su mandato.
Enrique Inzunza Cázares (Senador y exsecretario General): Acusado de fungir como el enlace directo entre el gobierno estatal y “Los Chapitos”, negociando protección institucional a cambio de favores políticos.
Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Identificado como el coordinador logístico que entregaba información sobre rivales políticos al cártel para su eliminación o presión electoral, además de ser puente entre el Gobernador y los líderes criminales.
SEGURIDAD PÚBLICA Y MANDOS POLICIALES
Este sector es señalado por recibir sobornos directos para filtrar información operativa y proteger la logística del cártel:
Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública): Habría facilitado información anticipada sobre redadas, permitiendo el traslado de drogas y equipo antes de las intervenciones.
Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”): Ambos exjefes de la Policía de Investigación. Presuntamente recibieron 16,000 USD mensuales cada uno por permitir la libre operación del grupo y liberar a miembros detenidos.
José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”): Comandante de la Policía Estatal. Habría recibido hasta 6,000 USD mensuales por ubicar agentes leales en puntos estratégicos, vender munición a la organización y alertar sobre operativos.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y GOBIERNOS LOCALES
Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General): Acusado de recibir pagos mensuales de 11,000 USD para alertar sobre operativos contra laboratorios, permitiendo que la organización destruyera o moviera evidencia.
Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Habría recibido más de 10,000 USD mensuales en efectivo para asegurar la protección del grupo y evitar cualquier interferencia gubernamental en el municipio.
Juan Valenzuela Millán (“Juanito”): Comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Señalado por participar directamente en delitos de alto impacto como secuestros y homicidios, entregando víctimas a los sicarios del cártel.
FAMILIARES
Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz, José de Jesús Rocha Ruiz, los hijos de Rocha Moya, tambien son parte de este bloqueo que puso la UIF.
