Un juez federal canceló ayer el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero iniciado hace cuatro años y medio a Juan Collado, por el caso de la compra venta supuestamente simulada del edificio de Caja Libertad en Querétaro.
Al estimar que los hechos imputados no constituyen delitos, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló el trámite del procedimiento, un fallo que tiene efectos de sentencia absolutoria, informaron allegados al caso.
En una audiencia celebrada la mañana de ayer, el juzgador basó su resolución en la sentencia dictada en diciembre pasado por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, que revocó una condena de 15 años con 6 meses de prisión contra José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y ordenó su libertad.
El argumento del tribunal y ahora del juez fue que la FGR no acreditó que los recursos implicados en este asunto fueran ilícitos, un requisito legal para establecer la existencia del delito lavado; por consecuencia, tampoco podía acreditarse la delincuencia organizada, pues este delito exige acreditar la existencia de un grupo criminal que opera de manera reiterada.
Indicaron que la causal invocada para la cancelación del proceso es la prevista en la fracción II el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que los hechos cometidos no constituyen delito.
Cabe decir que el fallo dictado en favor de Collado aún no es definitivo porque todavía puede ser apelado por la FGR.
La audiencia de este miércoles fue solicitada por Collado desde hace unos días, luego de conocer los argumentos de la sentencia en favor de Rico, quien quedó en libertad el 29 de diciembre.
Este es el proceso por el que el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto fue capturado el 9 de julio de 2019 en un restaurante de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Es también el caso por el que la FGR pidió imponerle una condena de 36 a 38 años y medio de cárcel y un pago de 173 millones de pesos por concepto de reparación del daño.
A Collado se le implicó en este asunto porque cuando el 25 de marzo de 2015 fue adquirido el edificio sede de Caja Libertad -ubicado en Querétaro-, se pagaron 173 millones 222 mil 400 pesos, de los cuales, 24 millones fueron transferidos al abogado, lo que hizo presumir a la FGR que la operación fue una simulación, es decir, una autocompra.
