Columna: Nada Personal.
Autor: Carlos Alberto Gutiérrez Celaya.
El deporte forja talento, carácter y esperanza. Pero cuando quienes deberían ser guardianes de esa esperanza traicionan su deber, el daño es profundo y duradero. El reciente fallo judicial que declaró culpable al entrenador de gimnasia en Tamaulipas, Ricardo Rosati Beristain, por abuso sexual agravado contra al menos doce menores es una señal clara de que la justicia empieza a avanzar. El juez podría imponer penas de hasta 28 años por cada caso por los delitos acreditados en el proceso.
Este hecho, sin embargo, no surge en un vacío. En los últimos años, diversos casos documentados en México han puesto en evidencia una problemática persistente en el ámbito deportivo: el abuso sexual y el acoso de menores por parte de entrenadores o personas con autoridad en clubes y academias.
En Nuevo León, por ejemplo, múltiples gimnastas denunciaron a su entrenador por abuso sexual cuando eran niñas entre 2015 y 2016, lo que llevó a investigaciones formales del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte. Las autoridades confirmaron que este entrenador ya tenía un antecedente penal por un caso similar en 2015, aunque esa denuncia concluyó con un perdón del ofendido, un atentado al pudor que dejó abierta la puerta para la repetición de abusos.
Fuentes oficiales señalaron que la Fiscalía de Nuevo León llegó a investigar hasta 16 denuncias contra entrenadores de gimnasia, realizando cateos y acumulando múltiples carpetas de investigación. Estos casos, expuestos públicamente por las propias víctimas, mostraron redes de manipulación emocional y conductas inapropiadas dentro de espacios que, en teoría, eran sanos y de formación.
A nivel nacional, voces como las de las deportistas Tamara Vega y Alejandra Zavala han señalado que el abuso y la normalización del mismo es un tabú en el deporte mexicano. Estas atletas han denunciado que, bajo la máscara de la disciplina y la búsqueda del alto rendimiento, se esconden redes de conductas inadecuadas, chantajes emocionales y silencios cómplices.
Estos antecedentes muestran un patrón preocupante: muchas veces las denuncias no prosperan o se diluyen en procesos burocráticos; otras, las víctimas enfrentan el silencio institucional o la presión social para no hablar. En varios casos, las autoridades tuvieron que actuar tras la viralización de testimonios en redes sociales, una señal de que las víctimas buscan visibilidad cuando no encuentran respuesta formal.
Son historias que, lamentablemente, recuerdan que la confianza —especialmente cuando se trata de menores— no puede ser absoluta ni ciega. En Sonora, donde miles de niñas, niños y adolescentes asisten a entrenamientos diarios de fútbol, natación, gimnasia o artes marciales, este contexto exige a los padres no solo apoyo, sino participación activa y vigilancia respetuosa.
Preguntas sencillas pero cruciales deben formar parte de la rutina de cualquier padre responsable:
¿La institución tiene protocolos claros contra abuso?
¿Quiénes supervisan realmente a los entrenadores?
¿Existen canales de denuncia accesibles y confidenciales?
¿Se les enseña a los jóvenes a reconocer una conducta inapropiada?
El silencio y el miedo no protegen a nadie. El caso de Tamaulipas y los antecedentes en Nuevo León y otras entidades son un recordatorio doloroso de que el prejuicio, la desinformación o el miedo a dañar la carrera deportiva de un hijo no deben silenciar señales de alarma.
La justicia tarda, pero también la prevención empieza con la voz de cada familia. En Sonora, el llamado es firme: acompañar con atención, supervisar con compromiso y no normalizar lo que debería ser vigilado. El deporte debe ser celebración y crecimiento —no una sombra de miedo.
Porque cuando se trata de nuestros hijos, la seguridad no admite medias tintas.
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