El Senador por Sonora Iván Jaimes Archundia expuso que el INAS, sería un organismo público autónomo encargado de administrar, regular y supervisar la totalidad de las prestaciones, apoyos y programas sociales del Estado mexicano
Añadio que estaría dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participarán los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
”Hoy, en México, los programas sociales son programas partidistas, no programas de Estado. Dependen del gobierno en turno. Los derechos sociales no deben quedar sujetos al criterio de los distintos gobernantes”,
argumentó.
Ciudad de México, febrero 23 de 2026.- Para lograr la equidad, transparencia y evitar la discrecionalidad y el uso electoral en la administración de los programas sociales que ofrece el estado mexicano, el Senador Iván Jaimes Archundia, presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Apoyo Social (INAS).
La iniciativa establece que sería un organismo público autónomo encargado de administrar, regular y supervisar la totalidad de las prestaciones, apoyos y programas sociales del Estado mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participarán los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los términos que ordene la ley.
“El objetivo es consolidar un Estado Social con políticas de Bienestar justo y equitativo, blindando los derechos sociales para evitar su utilización electoral y se asegura que los apoyos del Estado lleguen a los mexicanos sin favores políticos. aseveró el Senador por Sonora, Iván Jaimes Archundia.
“Hoy, cerca de 25 millones de personas reciben transferencias sociales directas del gobierno federal mediante programas como la Pensión para el Bienestar (más de 12 millones de beneficiarios), Becas Benito Juárez (alrededor de 9 millones de estudiantes) o Jóvenes Construyendo el Futuro (más de 2 millones de jóvenes desde su creación), estos apoyos deben ser garantizados sin condicionamientos político-electorales”, apuntó
Señaló que, para entender la magnitud de esta iniciativa, en 2026 el presupuesto destinado a programas sociales superó los 987 mil 160 millones de pesos, cifra que representa un aumento de más del 98% respecto a 2018.
“Hoy, en México, los programas sociales son programas partidistas, no programas de Estado. Dependen del gobierno en turno. Los derechos sociales no deben quedar sujetos al criterio de los distintos gobernantes”, argumentó.
Cuestionó que la administración de los programas sociales ha estado recientemente ligada a la manipulación electoral, a la arbitrariedad, discrecionalidad y a poca o nula transparencia.
“Con frecuencia, su entrega rompe principios democráticos como el libre sufragio o la competencia simétrica entre partidos. La ciudadanía debe poder elegir a sus gobernantes sin miedo a perder los apoyos del Estado ni a recibir presiones directas o indirectas”, aseguró.
Argumenta que ningún gobierno y ningún partido pueden utilizar las ayudas para castigar o coaccionar a los ciudadanos apropiándose de lo que constitucionalmente pertenece al pueblo.
“Si un gobierno administra los programas sociales con fines partidistas, se corre el grave riesgo de caer en la completa parcialidad y en el desequilibrio del orden democrático”, manifestó.
Por ello, la iniciativa contempla reformar el artículo 4 constitucional, en el que se señala la obligación del Estado mexicano de otorgar a las y los ciudadanos mexicanos mayores de edad una prestación social universal para evitar la situación de pobreza y exclusión social, en los términos que establezca el Instituto Nacional de Apoyo Social.
El Instituto deberá contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e información de las prestaciones, apoyos y programas sociales a la población.
“El Instituto implementará los esquemas de entrega de prestaciones y apoyos sociales sin intermediarios, para evitar el condicionamiento de los mismos a favor o en contra de un partido político, precandidato o candidato”, aseveró.
