Colectivos sociales condenan el ataque armado contra el sacerdote Lorenzo Medina y exigen a las autoridades acciones inmediatas para frenar la violencia y el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara.
Sierra Tarahumara, Chihuahua a 19 de enero de 2025.- Diversos colectivos de derechos humanos, organizaciones indígenas y religiosas condenaron enérgicamente el ataque armado contra el sacerdote Lorenzo Medina, ocurrido el pasado viernes en el municipio de Guadalupe y Calvo, ubicado en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. El ataque, que dejó heridos al sacerdote y a una mujer identificada como Leonila A., es solo un reflejo de la violencia que ha aumentado en la región en los últimos años.
Violencia creciente en la Sierra Tarahumara
Este ataque se suma a la serie de hechos violentos que han marcado la vida de las comunidades en la Sierra Tarahumara. Las organizaciones sociales señalaron que estos actos de violencia son cotidianos y están afectando gravemente la seguridad y el bienestar de las familias, especialmente las comunidades indígenas, que se ven vulneradas por la disputa entre grupos criminales por el control territorial.
En su posicionamiento, los colectivos exigieron al gobierno estatal y federal la implementación de una estrategia de seguridad pública efectiva, que priorice la protección de las comunidades y frene la violencia que afecta a la región.
Desplazamiento forzado y vulnerabilidad de las familias
La violencia en Guadalupe y Calvo también ha generado un grave problema de desplazamiento forzado. Las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y huir a otras localidades en busca de refugio, perdiendo no solo sus bienes, sino también su identidad y formas de vida tradicionales. Las organizaciones hicieron un llamado urgente a tomar acciones concretas para prevenir este fenómeno y ofrecer apoyo a las víctimas de desplazamiento.
Llamado a la acción urgente
En su carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, las organizaciones instaron a crear leyes que aborden el desplazamiento forzado en el estado y que respondan a las necesidades específicas de las comunidades locales. Además, subrayaron la importancia de escuchar a las personas afectadas para garantizar que las políticas de seguridad sean efectivas y respondan a sus realidades.
