Aprueban diputados eliminar fuero en Sonora


Los legisladores aprobaron las reformas constitucionales que eliminan privilegios de funcionarios y la clase política al desaparecer el fuero y los fondos legislativos discrecionales.

En la sesión extraordinaria de este miércoles diputados de Sonora aprobaron las reformas constitucionales que eliminan privilegios de funcionarios y la clase política al desaparecer el fuero y los fondos legislativos discrecionales.

A través de un comunicado, se detalló que dichas reformas fueron aprobadas por 27 de 30 diputados. La diputada Flor Ayala Robles Linares, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, leyó el proyecto de Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Los legisladores diputados Moisés Gómez Reyna y Omar Alberto Guillén Partida solicitaron, en lo particular, la modificación del dictamen “en la búsqueda de un escenario de gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora regulatoria”.

El diputado Carlos Manuel Fu Salcido, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, afirmó que “es la normalidad en las entidades de este país que se tengan herramientas para garantizar el equilibrio de poderes, en este caso, promovemos un mayor respeto para las minorías y fortalecer los tres Poderes, específicamente a los gobiernos municipales”.

Aunque no están a favor de votaciones unánimes para la revocación de observaciones emitidas por el Ejecutivo, pero reconocen que esa herramienta constitucional está vigente desde las primeras constituciones del mundo, como un elemento de balance entre poderes.

El diputado Rafael Buelna Clark destacó que “no se trata de un poder por encima del otro, no nos debe espantar la actualización de la Constitución”, destacando que la Constitución debe estar en constante evolución para atender las necesidades de cada época.

Tras destacar que los actuales legisladores lo serán hasta el último día de su período, agregó que “asumimos el costo de aprobar  estas reformas, sentimos que es nuestra responsabilidad, pues con ello vamos a evitar que ante una posible falta de acuerdos, por ejemplo para la aprobación de presupuestos, se ponga en riesgo o se afecte el gasto social  en materia de educación, salud, transporte, o protección a la niñez” ya que, dijo, necesariamente las reformas promueven que se llegue a acuerdos y no exista una parálisis como las que ya ha habido en el pasado.

Los legisladores que votaron en contra fueron Lina Acosta Cid, Carlos Alberto León García y Martha Cecilia Camacho Camacho.

La diputada Acosta Cid señaló que dichas reformas atentan contra los intereses de sus representados y carecen de justificación.

Mencionó que conocieron las iniciativas y se opusieron al concepto del “veto” y consideran que tal como se presentó, quedó fuera del dictamen, pero que creen en los equilibrios y en darle más poder a los ayuntamientos.

En la sesión, también se aprobó la nueva Ley de Planeación para el Estado de Sonora, abrogando la anterior de 1984, y que establece los principios generales en la materia. Dispone la creación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y los municipales; da prioridad a la consulta ciudadana; establece plazos concretos para la expedición de planes de desarrollo estatal y municipal; y ordena llevar a cabo acciones de control y seguimiento, ejecución y evaluación y sanción en caso de incumplimiento.

De igual forma, se aprobaron dos decretos, el primero que modifica uno previo que autoriza al Ayuntamiento de Puerto Peñasco la contratación de un crédito por 15 millones de Pesos para obras de agua, drenaje y saneamiento.

El otro decreto reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, para tipificar como delito el denominado “sexting”, consistente en el uso de imágenes, voces o textos que involucren a menores de edad en situaciones de tipo sexual, a través de dispositivos electrónicos ocasionando con ello un daño moral.  Las penalidades irán de uno a cinco años de prisión y de 150 a 300 unidades de medida de actualización como multas.

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