Exhortan a los tres niveles de gobierno a promover la afiliación al Seguro Popular


En apoyo a los más de 900 mil sonorenses que no cuentan con servicio de salud, el Poder Legislativo solicitará al Gobierno Federal, a la Gobernadora del Estado y a los 72 presidentes municipales, lleven a cabo las acciones que sean necesarias para intensificar la afiliación y reafiliación al Seguro Popular.

Mediante Acuerdo presentado en la sesión ordinaria de este jueves por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Teresa María Olivares Ochoa, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el Pleno votó a favor de que quienes no cuenten con él, puedan acceder a dicho programa gubernamental de servicios médicos, de forma rápida y fácil.

“En Sonora existen 985 mil sonorenses que no son del IMSS, que no son del ISSSTE, que no son del ISSSTESON, que son los más pobres, que son los más aislados y que no tienen empleo”, aseveró el diputado Trujillo Fuentes antes de solicitar el voto de sus compañeros a favor de esta iniciativa.

Agregó que si no hay afiliación o reafiliación al Seguro Popular se estaría renunciando a la posibilidad del crecimiento de la expansión de los servicios de salud a la población abierta, y calificó la creación del Seguro Popular como el acierto de una política pública que inició con 1 millón 94 mil y actualmente cuenta con más de 54 millones de mexicanos inscritos.

Antes de iniciar la sesión ordinaria, la diputada María Cristina Gutiérrez Mazón, presidenta de la mesa directiva, hizo un llamado a los sonorenses para unirse en apoyo a las víctimas del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre en Ciudad de México, Morelos y Puebla, además de manifestar las condolencias del Poder Legislativo a familiares y amigos de los cientos de víctimas y desaparecidos. Los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida.

La asamblea también aprobó el Acuerdo que resuelve exhortar al Secretario de Salud en el Estado, a efecto de que se realicen las acciones que sean necesarias para instalar la Comisión Intersecretarial para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley en la materia.

La diputada Flor Ayala Robles Linares expuso que dicha comisión se define como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo estatal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con la condición del espectro autista se realice de manera coordinada.

Indicó que a pesar de que por Ley ya fue creada la Comisión Intersecretarial, ésta no se ha instalado, lo cual resulta de suma importancia para cumplir con el objeto de dicha norma jurídica, que es la de garantizar la satisfacción de las necesidades elementales de las personas con espectro autista residentes en el Estado de Sonora, mediante la implementación de mecanismos eficientes y eficaces entre las autoridades municipales y estatales, en coordinación con la Federación.

Un tercer Acuerdo aprobaron los integrantes de la LXI Legislatura, el cual resuelve exhortar al Secretario de Gobierno, al Director General de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, al Procurador Ambiental en el Estado, al Delegado de la Comisión Nacional del Agua y al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático dictaminó solicitar a todas esas autoridades que realicen las acciones necesarias para que se lleve a cabo una investigación a profundidad y que procuren buscar soluciones en forma coordinada, con relación a la problemática que actualmente viven los habitantes del municipio de La Colorada, Sonora, quienes se han visto afectados por la operación de la compañía minera Pitalla, S.A. de C.V.

A nombre de la comisión, la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas dio a conocer que con base a escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Poder, habitantes del municipio de La Colorada informaron que el problema de índole ambiental se originó desde 2008, lo cual afecta a todos los residentes de dicha municipalidad. Al Acuerdo se sumaron los diputados Carlos Manuel Fu Salcido, Juan José Lam Angulo, Javier Villarreal Gámez, Rodrigo Acuña Arredondo y Manuel Villegas Rodríguez.

Turnan tres iniciativas a comisiones dictaminadoras

En el desarrollo de la plenaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Salud una iniciativa presentada por el diputado Javier Dagnino Escobosa, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 36 bis a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, con el objeto de que las unidades operadas por la Secretaría de Salud cuenten en todo momento con al menos un médico titulado.

Explicó que la iniciativa considera la contratación de cuando menos 140 médicos adscritos para completar la plantilla de los centros de salud rurales y de los municipios pequeños, cuyo costo sería de aproximadamente 1.82 millones de pesos mensuales, para un total de 23.66 millones pesos anuales.

Y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII y que adiciona una fracción XVIII al Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentada por el grupo parlamentario del PRI.

El diputado Emeterio Ochoa Bazúa expuso que en dicho numeral, que se refiere a las atribuciones del Presidente del Congreso del Estado, no se enuncia ninguna respecto a la celebración de convenios, ni con instituciones de carácter público ni privado, por lo cual buscan establecer dicha posibilidad a fin de generar convenios, como por ejemplo con la empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector desarrollo social.

DICONSA es la red de abasto social más grande del país y que se mueve para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles a favor de la población en condiciones de marginación, por lo que podría llevar a cabo convenios con el Congreso del Estado en pro de de los sonorenses, dijo.

Las comisiones de Transparencia y de Fiscalización, en forma unida, estudiarán la iniciativa presentada por el diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Propuso establecer nuevas obligaciones para que los órganos fiscalizadores y contralorías de todos los niveles de gobierno mantengan actualizada la información relacionada a observaciones, seguimiento de denuncias, quejas, causas que las motivaron y dictámenes de los estados financieros de los entes fiscalizables.

Indicó que por medio de los sitios de Internet de cada una de las instancias fiscalizables se publicaría la información que los ciudadanos podrán consultar de manera clara y oportuna, así como el proceso de fiscalización de los recursos públicos que utilizan partidos políticos, los tres poderes del Estado, los 72 municipios, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos.

La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 26 de septiembre, a las 11:00 horas.

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