Otorgan amparo a pobladores afectados por derrame de Grupo México en ríos Bacanuchi y Sonora.


Pobladores de los siete municipios afectados por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, en 2014, ganaron un amparo mediante el cual el juez primero de Distrito del estado reconoció que al menos dos pozos aún están contaminados.

El fallo judicial se da a tres años de “mayor desastre ecológico” en México y pese a la garantía de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de que el río de 270 kilómetros de longitud y los pozos aledaños no representan una amenaza para la salud de la población.

En conferencia de prensa, Mario Alberto Salado y Ramón Miranda, representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) — organización que agrupa a parte de los damnificados— explicaron el alcance de la resolución del Juez Primero de Distrito del Estado de Sonora, Antonio Mora Diez.

Tras el amparo 834/2015, interpuesto con la representación legal de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) en 2015, finalmente se resolvió la contaminación de al menos los pozos de Sinoquipe y La Labor, por altos niveles de arsénico, en el primero, y por manganeso, en el segundo.

En ambos, Mora Diez reconoció que para medir los niveles de contaminación por estos metales pesados fue necesario tomar como referencia la Guía para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994 como lo hizo Cofepris, puesto que la del organismo internacional contiene estándares más altos de calidad en el agua.

Con base en la Guía de la OMS, el juez determinó la contaminación.

En el encuentro, Mario Alberto Salado y Ramón Miranda indicaron que la limpieza en el río – que sólo se hizo en 30 kilómetros del total de la longitud— se llevó de manera inadecuada, en razón de que se utilizaron herramientas muy simples, como carretillas y los contaminantes se dejaron en la ribera de los ríos.

Por ello exigieron al gobierno federal les garanticen el derecho a la salud y al agua limpia.

“No queremos dinero, queremos salud”, demandaron.

De manera paralela, Luis Miguel Cano, litigante del caso y miembro de PODER, refirió que el fallo del juez significa que el monitoreo que llevó a cabo la Cofepris no es confiable metodológicamente por lo que se pone en riesgo la salud de los habitantes de Arizpe, Banámachi, Hueac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, además de 25 comunidades.

En este sentido, el abogado de PODER señaló que interpondrán una demanda – que se suman a los 11 recursos legales que ya han interpuesto— contra el Instituto de Seguridad y Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por no atender la solicitud de atención médica a todos los sonorenses, a pesar de que existe evidencia de contaminación del agua.

A la fecha, la Cofepris sólo ha reconocido 381 casos, cuando son muchas más las personas afectadas, subrayó.

Cano López también demandó que luego de tres años, la empresa minera no ha cumplido con la totalidad de las acciones de reparación del daño y el gobierno federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han eludido su responsabilidad de investigar y de exigir justicia.

Por ejemplo, de los compromisos de Grupo México para subsanar el daño, se suspendió la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS) para atender a los pobladores con daños, y de las 36 plantas potabilizadoras de agua que se habían comprometido solamente se construirán 9, 7 fijas y 2 móviles.

En ambos casos, la empresa que lidera Germán Larrea Mota-Velasco argumentó para su suspensión que el “estado de Sonora no cuenta con la capacidad para operarlas”.

Proceso ha documentado cómo Grupo México ha incrementado sus construcciones al amparo del régimen priista, favorecido y protegido durante los dos sexenios panistas.

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