Notas sueltas


Una de las tareas urgentes de nuestro sindicalismo.


 

“La tragedia de la vejez no estriba en que uno sea viejo, sino en que ya no se es joven” (Oscar Wilde).

 

En la actualidad se ve como lo más natural perder derechos a cambio de nuevas obligaciones, como la de costear la propia jubilación mediante mecanismos de ahorro ligados a la lógica bancaria trasnacionalizada y depredadora inspirada, desde luego, por el neoliberalismo y operado por el FMI y la OCDE. La seguridad social es atacada desde todos los frentes, obrando como argumento estelar los costos de cumplir con las obligaciones del Estado para con los ciudadanos trabajadores que hacen posible la economía nacional y la bonanza de las empresas privadas.

 

Según el trivial criterio neoliberal, el mejor trabajador jubilado es el trabajador muerto prematuramente, y antes que esto, el que paga su propia pensión tras una larga y fructífera vida de explotación la laboral sin ninguna garantía de apoyo y solidaridad intergeneracional, en el marco de una furiosa acometida ideológica que proclama la individualidad de las cuentas de retiro a cargo de la siempre voraz administración de empresas privadas integrantes, en México, del sistema de Afores. Las empresas administradoras de los fondos de retiro gozan de los beneficios de poder disponer del dinero ahorrado, cobrar comisiones, jugar a la ruleta con los fondos y ser protegidas con una total impunidad en caso de pérdidas (eufemísticamente llamadas minusvalías) a cuenta del patrimonio de los propios ahorradores.

 

En este marco de subordinación al capital internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúa como tribunal colonial a cargo de legitimar y convertir en criterio jurisprudencial el atraco contra la clase trabajadora, disminuyendo cada más el margen de maniobra legal de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, donde los derechos adquiridos resultan ser actualizados y acotados, quedando como potencialmente reclamables, como sujetos a determinadas condiciones y conveniencias que hacen caer por tierra los logros históricos de los trabajadores. Los señores ministros relativizan el ejercicio de derechos y obligaciones en aras de satisfacer la impunidad que exigen las empresas trasnacionales, lo que significa el apoyo irrestricto a la imposición de normas laborales y de seguridad social que quitan y limitan lo que otrora eran derechos adquiridos incuestionables.

 

Si en el plano federal las normas se sesgan para el lado del capital, en los estados se “armoniza” la legislación para hacer aplicable el esquema de explotación que los organismos internacionales exigen y que el gobierno mexicano acata sin chistar. Nuestro sistema federal supone la existencia de entidades libres y soberanas que se une en una federación y crean un ente llamado gobierno federal, cuyas facultades son concedidas por los estados. En la práctica, este sistema residual se ha convertido en su contrario: ahora es el gobierno federal el que centraliza el poder político y, en todo caso, se descentraliza en lo administrativo, y las entidades federativas se afanan en cumplir las instrucciones del centro dejando de lado los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Antes que ser “estados libres y soberanos”, cumplen funciones de dependencias del ejecutivo federal.  

 

En este sentido, la lucha por la integridad y existencia de la seguridad social es tanto un problema nacional que se debe defender localmente como una respuesta local a una problemática nacional creada por la lógica depredadora del sistema. No debemos esperar ser víctimas de decisiones tomadas desde el centro, adoptadas y operadas por el gobierno local para reaccionar. Es por eso que las organizaciones de los trabajadores deben ampliar y reorientar el discurso reivindicativo de los derechos contractuales de coyuntura y unirse a los reclamos de justicia social que hoy trascienden las fronteras estatales y se revelan como un problema global, donde el sistema económico y su correlato político deben ser no sólo objeto de estudio y análisis, sino también de toma de decisiones para la acción colectiva.

 

Actualmente diversas organizaciones sindicales y de pensionados y jubilados nacionales cuestionan y discuten el modelo de cuentas individuales que ha puesto en manos de las Afores los fondos de ahorro, y hecho negocios redondos con el dinero de los trabajadores. De esta discusión han salido propuestas de reforma legislativa que coinciden en un punto medular: desaparecer el sistema de Afores y restituir el sistema de reparto solidario y distributivo. Las divergencias han sido en lo relativo a que unos postulan que el Estado reasuma su responsabilidad con la seguridad social, mientras que otros proponen que el sistema de Afores sea sustituido por un organismo administrador del ahorro bajo el control directo de los trabajadores, de suerte que sean ellos quienes decidan el destino de sus recursos, obrando el gobierno solamente como garante. Tales consideraciones han dado lugar a iniciativas que, de prosperar, cambiarían radicalmente el destino y las responsabilidades de las administradoras de fondos, y la posibilidad de que los adultos mayores gocen de una vida libre de las angustias y estrecheces económicas que actualmente son tema recurrente en ese sector poblacional.  

 

El pasado viernes 3 de marzo, se llevó a cabo una reunión sindical presidida por la  dirigencia del STAUS y la de la Confederación de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM), donde se hizo un análisis de las implicaciones económicas y sociales del sistema de cuentas individuales y sus impactos en el bienestar de la clase trabajadora, quedando claro el carácter depredador del sistema y la necesidad de unir fuerzas por parte de las organizaciones sociales y sindicales en el rescate y vigencia plena de los derechos sociales conquistados por los trabajadores.

 

Con este acto, el sindicalismo universitario se pronuncia por la defensa de la calidad de vida de los trabajadores activos y los jubilados, y deja constancia de que los objetivos de la lucha por la seguridad social son plenamente compartidos y prioritarios porque, así como en el plano nacional se afectan las pensiones y jubilaciones por los gobiernos inescrupulosos y corruptos que privatizan los fondos, en el caso local vemos que la opacidad, los manejos desaseados y la irresponsabilidad institucional ponen en entredicho los objetivos sociales del Isssteson, actualmente vulnerados por el saqueo de los fondos pensionarios y por la irresponsabilidad administrativa tanto de parte del instituto como de muchos de los  organismos afiliados.

 

Nos queda claro que la lucha por la seguridad social es la lucha por las mejores condiciones de vida tanto de los jubilados como de las actuales y futuras generaciones de trabajadores que, tarde o temprano habrán de llegar a la edad de retiro. La lucha actual es, sin duda, para que los futuros jubilado y pensionados tengan, al menos, las mismas condiciones que los actuales, y que no padezcan de miseria y abandono cuando las fuerzas los abandonen y no puedan valerse por sí mismos. En este sentido, la unión de los trabajadores activos, los pensionados y jubilados de Sonora con los del resto del país, significa un paso adelante por la justicia social y para la creación de las condiciones que hagan posible una vejez con futuro.

 

http://jdarredondo.blogspot.com

 

 

     

 

  

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