La lista de las ternas y duplas que surjan este jueves deberá ser entregada a más tardar el 4 de febrero al Pleno de la Suprema Corte.
Ciudad de México a 30 de enero de 2025.- La Mesa Directiva del Senado de la República inició este jueves la tómbola para elegir de la lista de aspirantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial a los candidatos a la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular que se realizará el 1 de junio.
La insaculación se realizará con base a tres listas, la primera de los cargos que se sortearán serán de: ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
La segunda lista será la de aquellos aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y que fueron avalados en diciembre por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación.
El tercer listado será el que emane de la información remitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las personas que por su determinación se haya ordenado incluirlos en la lista, hecho que se dio por concluido el pasado miércoles.
El proceso ocurre luego de que el 27 de enero, la Sala Superior del TEPJF aprobó en sesión privada que el Senado fuera el encargado de realizar la insaculación pública de los aspirantes, luego que el Comité de Evaluación del PJ pausara la elección de los integrantes de la lista debido a una suspención judicial.
La lista de las ternas y duplas que surjan este jueves de la Cámara Alta deberá ser entregada a más tardar el 4 de febrero ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En caso el caso que la Corte no apruebe el listado, el Senado fue facultado por el Tribunal Electoral para que pueda remitir, “de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el procedimiento electivo”.
Cabe recordar que luego que le fueron transferidas las funciones del Comité de Evaluación al Poder Legislativo, los integrantes presentaron su renuncia ante la “imposibilidad jurídica” de continuar con el proceso de selección de candidatos para la elección judicial y destacaron que ya era inviable la tarea constitucional encomendada.